Fueron 65 las carpetas que el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo dejó abiertas, las cuales están relacionadas con el proceso electoral que se inició el pasado 8 de septiembre.
“La mayoría de los expedientes tienen que ver con la alteración al Registro Federal de Electores (RNE) y turismo electoral, cinco por peculado y cuatro por fiscalización de los recursos de los partidos políticos”, se informó.
Una de las principales líneas de investigación era “la generación de empresas fantasmas que han aportado recursos a campañas electorales”. Según el ex fiscal, trabajaba de forma coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE) para mejorar las condiciones ante las elecciones presidenciales del próximo año y para evitar que las personas, sin que en realidad cambien residencia, hagan el cambio de domicilio en un módulo del INE para votar por un partido en otro distrito, municipio o estado.
Además, quedaron pendientes siete averiguaciones “por presunto desvío de recursos destinados a damnificados de los sismos de septiembre en Morelos, Puebla, Oaxaca, estado de México y Guanajuato, lugares donde, las denuncias se presentaron contra quienes gobiernan esas localidades”.
Anteriormente Nieto declaró que la corrupción ‘‘es uno de los elementos que generan mayor inquietud en los procesos electorales y que se presenta en gran medida durante las campañas”.
De enero a septiembre de este año la fiscalía, en colaboración de la Agencia de Investigación Criminal y de la Comisión Nacional de Seguridad, había cumplimentado 200 órdenes de aprehensión concedidas por diferentes jueces en todo el país por delitos electorales.
La lista la encabezaban Quintana Roo, con 74; Veracruz, 38; Puebla, 20; estado de México y Nuevo León, 13 cada entidad; Sonora, nueve; Jalisco, ocho; Chiapas, siete, y Zacatecas, cuatro. En Baja California, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán, dos en cada territorio, y una en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Sinaloa y Tabasco.
En tanto, en las elecciones del pasado 4 de junio en cuatro entidades, la Fepade detectó que el estado de México y Veracruz “fueron las que tuvieron más denuncias por compra del voto, condicionamiento de programas sociales y malversación de fondos”.
