El Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestó que “el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, y de su hijo, y las lesiones causadas a su esposa y a su hija en el mismo hecho, es una ofensa mayúscula para la sociedad”.
Indicaron que aun y con la notable violencia que se ha vivido en México, ningún Ombudsman había sido asesinado o atacado gravemente en el país durante los 27 años de vigencia de la institución.
“Los criminales están dispuestos a todo dada la ineptitud de las autoridades para ejercer el primer deber de los gobernantes: garantizar la seguridad de las personas” – mencionó el programa de la casa de estudios.
Por esta razón, la UNAM exigió la detención de los asesinos y que se haga justicia.
“La gravedad del crimen debe ser una llamada para que los gobernantes, la academia y la sociedad civil hagamos un esfuerzo auténtico y efectivo de reflexión y trabajo para reparar la ruina en que se han convertido las instituciones de seguridad pública y justicia penal” – señaló.
Consideró urgente la toma de medidas adecuadas y suficientes para proteger de manera eficiente a los integrantes de las instituciones públicas, así como a los miembros de las organizaciones civiles de derechos humanos.
