La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que la masacre ocurrida en Temixco el pasado 30 de noviembre, implicaría “lesa humanidad por las circunstancias”.
De acuerdo con el ombudsman local, “las violaciones a derechos humanos (ocurridas en Temixco) se consideran de lesa humanidad por las circunstancias en que se generaron, sumado al hermetismo de las autoridades estatales sobre el caso, la escasa información, la desinformación en torno al asunto y la falta de respuesta por la autoridad estatal”.
El titular de la Comisión local, Jorge Arturo Olivares Brito, aseguró que el tema de la masacre de Temixco será mejor atendido, pues la CNDH cuenta con recursos humanos, materiales y técnicos para que el asunto se atienda “con la eficacia y eficiencia que se amerita”.
La CEDH de Morelos inició queja de oficio –CDHM/SE/V3/061/295/2017– “misma que a la fecha no ha sido ratificada por los familiares de las víctimas.
“No obstante ese silencio, esta Comisión de derechos humanos solicitó los informes correspondientes y la aplicación de las medidas precautorias a efecto de garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas, medidas que fueron atendidas y contestadas por la autoridad municipal, no así por la autoridad estatal”.
El ombudsman local indicó que la Primera Visitaduría de la CNDH, dirigida por Ismael Eslava Pérez, será “la responsable de atender la queja correspondiente en el organismo nacional defensor de los derechos humanos”.
Por su parte, la CEDH se mantendrá como “aliado y coadyuvante en la investigación de estos hechos” y en colaboración cercana, “siempre dispuestos a llevar a cabo cuántas acciones estén a nuestro alcance para lograr el esclarecimiento de estos lamentables hechos”.
La masacre ocurrió el pasado 30 de noviembre, cuando elementos de la Policía del Mando Único de Morelos irrumpieron en el domicilio de la familia Valadez, donde asesinaron a cuatro mujeres, un adolescente y una bebé.
De acuerdo con la versión oficial, estas muertes fueron producto de un fuego cruzado, sin embargo, los cinco detenidos durante los operativos fueron puestos en libertad por violación al debido proceso o por falta de elementos probatorios.
La Fiscalía asegura seguir con las investigaciones sobre los policías, pero hasta el momento no hay ningún detenido, imputado o procesado.
