En nueve meses de funcionamiento, la Fiscalía Anticorrupción de Puebla abrió 21 carpetas de investigación en los que se imputa a autoridades locales actos de tortura, de acuerdo con estadísticas oficiales.
El nuevo organismo también investiga “129 casos de servidores públicos acusados de abuso de autoridad, 25 de delitos contra la administración de justicia, 13 de peculado, 12 de robo, 10 de falsificación y cuatro de amenazas”.
La tortura es todo acto cometido por una autoridad por el cual se somete a una persona a dolores o sufrimientos graves de manera intencional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) califica la práctica de “abominable” porque genera una “violación flagrante a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana”.
