Este lunes, familiares de tres personas desaparecidas promovieron un recurso para demandar de la Procuraduría estatal el pago de 20 millones de pesos, en conjunto, como reparación por el daño que la ausencia ha generado a parientes de las víctimas.
Los desaparecidos son Nicolás Flores Reséndez, César Guadalupe Carmona Alvarado y Roy Rivera Hidalgo, por cuyos casos ya se pronunció la Comisión Estatal de Derechos Humanos /CEDH), a través de las recomendaciones 6/2017, 7/2017 y 15/2017, mismas que evidencian omisiones y procedimientos deficientes de la entidad investigadora estatal.
Durante una rueda de prensa, Maricela Alvarado, Luisa Castellanos y Irma Hidalgo, esposas y madre de los desaparecidos, señalaron que, según las resoluciones de la CEDH, personal de la dependencia que actualmente dirige Bernardo González “vulneró los derechos de las víctimas y las personas ofendidas en relación con el acceso a la justicia”.
También encontró el órgano un retardo injustificado de la Procuraduría en la integración de las averiguaciones previas, y aunque en estos casos no se ha determinado que las desapariciones son imputables al estado, las omisiones y la actividad administrativa irregular por parte de la dependencia resultaron en un perjuicio para las víctimas, pues nunca inició correctamente el proceso de búsqueda, lo que ocasiona que aún no sean sido localizadas, informó Proceso.
