Por: Enrique Legorreta
Twitter: @enriquelego3_0
Después de que Gustavo Madero, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) denunciara a Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz, por utilizar la Cruzada Nacional contra el Hambre y otros programas sociales para favorecer al PRI en una red electoral y obtener votos para la elección del 7 de julio en Veracruz, Robles Berlanga anunció la destitución de siete funcionarios de la dependencia.
Entre los destituidos están Felipe Sosa Hernández, coordinador operativo de Sedesol; Heli César Mendoza, jefe de zona; Raúl Molina, jefe de zona; Graciela Tejeda, enlace operativo de 65 y más; Jesús Balbuena Buenrostro, de Oportunidades y Mariano Molina, supervisor de este mismo programa, así como quien se estima el principal involucrado, Ranulfo Márquez Hernández, delegado de Sedesol en Veracruz, señalado como quien promovió la iniciativa a favor del partido gobernante.
Durante conferencia de prensa, Robles declaró que las acusaciones en su contra no están fundamentadas con pruebas ya que ella no dio ninguna instrucción para que se apoyara a algún partido y que no pertenece a ninguno de ellos, por lo que espera que las investigaciones permitan encontrar a los responsables y se les aplique “todo el peso de la ley”.
Los panistas Gustavo Madero, Ernesto Cordero, coordinador parlamentario en el Senado y Luis Alberto Villarreal, coordinador en la Cámara de Diputados, demandaron juicio político y la destitución de sus cargos contra Javier Duarte y Rosario Robles, debido al uso indebido de programas sociales, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, a manera de mecanismos de apoyo a los candidatos del PRI en la entidad.
Ahora demostraremos que no sólo es su principal estrategia, sino que sin escrúpulos están armando el uso de los programas sociales de combate a la pobreza, los programas contra el hambre, con descarados propósitos electorales”, acusó e dirigente.
Los acusantes presentaron una denuncia penal ante la PGR en contra de Duarte y otros 57 funcionarios estatales y federales y solicitaron al gobierno federal que atienda de forma expedita la averiguación previa. Madero exigió la destitución de Robles, Duarte y de los funcionarios estatales y federales involucrados en la operación de los programas sociales a los que se les dio mal uso.
Madero solicitó a Enrique Peña Nieto que se lleve a cabo una mesa de diálogo para abordar el asunto, a la que asista la Secretaría de Gobernación y representantes de los tres principales partidos políticos, valiéndose de la carta del Pacto por México, acuerdo que según el panista, les permite exigir honestidad a los gobiernos priistas.
“El PAN ha sido respetuoso de su gobierno, y tomó la decisión de construir un Pacto por México para impulsar los cambios que nuestro país requiere. Actuamos con lealtad a México. Hemos cumplido con honor todos nuestros compromisos, y por ello tenemos derecho a exigir que se actúe de la misma manera, su partido y su gobierno. Lo anterior no ha sucedido”, escribió Madero.
Los señalamientos se acompañaron de audio y videos que, según los demandantes, tienen validez probatoria al no tratarse de intervenciones de llamadas privadas, sino de grabaciones de eventos públicos.
En las grabaciones, funcionarios de Veracruz hablan sobre las operaciones para favorecer a los candidatos del PRI en las elecciones que se llevarán a cabo en julio e indican que laboran bajo el mando del gobernador Javier Duarte. También señalan que será el dinero de los programas sociales el que se use para alcanzar tales objetivos.
Sin embargo, no sólo en Veracruz se da este tipo de irregularidades. En Baja California, el ex gobernador Ernesto Ruffo ha señalado su preocupación debido a la designación de Rosana Soto como delegada del programa Oportunidades, por sus antecedentes de autoritarismo priista.
“Cada día tenemos más evidencias de que en los 14 estados, donde se llevarán a cabo elecciones este año, se están utilizando estructuras, recursos y programas federales para impulsar a los candidatos del PRI”, dijo Madero.
En uno de los audios presentados por los panistas, se confirman los temores de Ruffo: se escucha a Salvador Manzur Díaz, secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz cuando aún era presidente municipal de Boca del Río, señalando que el programa Oportunidades es la estructura con la que promoverán a los candidatos priistas.
Algunos de los funcionarios implicados en el manejo turbio de los recursos sociales son Salvador Manzur, secretario de Finanzas del estado, Pablo Anaya, delegado del PRI en Boca del Río, y César Perdomo, coordinador del programa Oportunidades en Veracruz.
Madero también mencionó a Paula Hernández Olmos, Héctor Pablo Ramírez, Héctor Eduardo Monroy, Alejandro Baquedano y Gonzalo Morgado Huesca, como algunos de los funcionarios a destituir.
Indicó que Javier Duarte encabeza la estructura paralela que “violenta todas las normas constitucionales [de] imparcialidad y equidad”. En una de las grabaciones, Manzur admite ser el coordinador de tal plataforma, la cual, opera en los 212 municipios veracruzanos, aunque se enfoca en los 25 que concentran al 50 por ciento de la población.
Además del programa Oportunidades, 65 y Más será utilizado también con fines electorales, al condicionar la entrega de silla de ruedas al voto a favor del PRI.
