(16 de marzo, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Alfredo Vidal Córdoba, de 38 años de edad, se encuentra detenido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 11 (CERSS No. 11), en Pichucalco, Chiapas, acusado de secuestro.
Graciela Vidal, hermana de Alfredo declaró a Revolución TRESPUNTOCERO que durante la detención por agentes del Estado vestidos de civil, fue torturado para obligarlo a firmar una declaración autoinculpatoria, el 11 de julio de 2014, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.
“Ese día, mi hermano desapareció. Lo buscamos durante dos días, después nos llamaron y nos dijeron que se encontraba en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estaba detenido y acusado de secuestro. Mi hermana y mi cuñada fueron las primeras en trasladarse a Tuxtla a verlo y el 14 de ese mismo mes lo trasladaron al Penal de El Amate.
Ambas vieron a mi hermano muy golpeado, para el día 17 de julio, fui a verlo y también me di cuenta que estaba muy golpeado, muy dañado físicamente porque yo lo quise abrazar pero me dijo que no lo tocara porque todo le dolía”, declaro a este medio.
Agregó, “él me dijo que estaba lastimado y tenía mucho dolor, también estaba hinchado le dolían las costillas, los pies, las rodillas, donde lo golpearon los policías que lo detuvieron. Todo lo que me contaba lo decía en voz muy baja porque lo tenían amenazado que si él hablaba lo iban a matar”.
Graciela describió que caminaba cansado y muy despacio por los golpes. “Además de esto vomitaba sangre y al ir al baño ahí también expulsaba sangre, esto porque todo el daño físico había causado sangrados. Lo desnudaron por completo y le dieron toque eléctricos. Tuvo graves secuelas de la tortura”.
Aunque Graciela buscó incansablemente a las autoridades y la Comisión de Derechos Humanos perteneciente al gobierno del Estado, nunca obtuvo respuesta positiva. “Es terrible que se haya convertido en una víctima cuando estaba trabajando en un sitio de taxis.
De acuerdo a la información documentada por parte del Centro de Derechos Humanos Frayba, y aportada a Revolución TRESPUNTOCERO, en un crucero de la carretera Cárdenas – Huimanguillo, municipio de Cárdenas, Tabasco, el 11 de julio de 2014, a las 10:00 horas, aproximadamente, una camioneta blanca, sin placas le cierra el paso al taxi que manejaba Alfredo, del transporte salen personas vestidas de civil que portaban armas largas, lo bajan y con golpes lo suben a la góndola.
En la camioneta le cubren el rostro con su propia playera, lo patean, golpean en las costillas y lo esposan. Durante el trayecto, continuamente le pegan en la cabeza, en la nuca, en las costillas a través de patadas y con la culata de pistolas, durante ese tiempo lo interrogan sobre el secuestro de dos personas que viajaban con él y de su pertenencia a una banda de secuestradores.
Alfredo narró que lo llevaron a un lugar que él no identifica, sus captores lo metieron a un cuarto en donde había un baño sucio con heces fecales, le quitan la camisa y le meten la cabeza en el inodoro varias veces, mientras le pateaban las costillas, por el dolor de los golpes abría la boca y tragaba las heces fecales.
Mientras eso sucedía, continuaron preguntándole sobre la banda de secuestradores y quién era el jefe. Alfredo en todo momento negó su pertenencia a una banda delictiva. Perdió la noción de tiempo y lugar y no puede saber cuánto tiempo estuvo ahí.
Por la madrugada del 12 de julio, él no sabia donde estaba, pero era una celda, ahí vio que se encontraba la persona que lo contrató como taxista en Huimanguillo. En el lugar le vendan los ojos, lo conducen a un cuarto y le ordenan que se desnude, le cubrieron el cuerpo con vendas y lo envolvieron en una cobija, tirado en el piso nuevamente fue golpeado e interrogado sobre el secuestro y si conocía a unas personas y que si las inculpaba lo dejarían ir.
Durante el transcurso de ese día, continuó el interrogatorio y la tortura. Durante la tortura le mostraban fotografías y le decían nombres de personas que desconocía, según lo documentado por el Frayba. Ese tipo de tortura se repitió por lo menos siete veces.
El 13 de julio, le dicen que se encuentra en la Fiscalía de Alto Impacto de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, ahí le permitieron realizar una llamada telefónica, con la amenaza de que no denunciara la tortura; cuando logró ver a su hermana ya le habían maquillado los golpes y le informaron que la detención había sido realizada por agentes de la Fiscalía de Secuestro del estado de Chiapas, en coordinación con policías de Tabasco.
Al día siguiente 14 de julio fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate, (CERSS No. 14, El Amate), iniciándose proceso penal por el delito de secuestro.
En mayo de 2017, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, solicitó a la Coordinación de Servicios Periciales de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), que realizara el Protocolo de Estambul. Sin embargo la PGR indicó que “sólo contaba con una especialista para atender más de 300 solicitudes y que las fechas disponibles son a partir de julio de 2019”.
Ante la negativa de la PGR el Juez y la familia recurren al Frayba en agosto de 2017 para realizar documentación de tortura y la aplicación del Protocolo de Estambul.
De acuerdo a los resultados que la siguiente semana entregará Frayba al Juez encargado del caso. Alfredo resultó positivo para tortura. De acuerdo a los peritos independientes que aplicaron el Protocolo de Estambul el 24 de noviembre y 18 de diciembre de 2017, “Alfredo presenta estrés postraumático, síntomas de depresión y ansiedad, cuenta con secuelas y evidencias físicas a causa de la tortura; urgen medidas inmediatas de atención médica y psicológica; y concluyen que Alfredo Vidal Córdoba fue víctima de acciones por medio de las cuáles se le infligió intencionalmente dolores o sufrimientos físicos y mentales con el fin de inculparlo o inculpar a otras personas en el delito de secuestro”.
Por lo que el Frayba expresa su preocupación por la reiterada práctica de tortura como método de investigación policial, completamente arraigada entre las autoridades de procuración de justicia, a pesar de la obligación al Estado mexicano de erradicar la tortura y de sancionar ejemplarmente a los perpetradores como lo señala la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura.
