“La impunidad, la falta de investigación en casos de tortura, así como la ausencia de políticas de prevención constituyen el principal problema del país en esta materia”, advirtió Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU-Derechos Humanos.
Lo anterior durante la presentación del Manual para la Defensa de las Víctimas de Tortura y tratos o penas crueles, el funcionario explicó que: “México vive un momento de contradicciones, pues por un lado está el discurso de negación del gobierno y por otro está la aceptación generalizada de la tortura cuando se emplea contra personas presuntamente vinculadas a un delito”.
Además, afirmó que “un ejemplo de esta contraposición es el caso Ayotzinapa pues un grupo de periodistas les llamó defensores de los asesinos, porque desde la perspectiva de esos periodistas cuando se trata de delincuentes la tortura no es problema”.
De acuerdo con MVS, “otra de las contradicciones a las que se enfrentan es que si bien existe un Nuevo Sistema de Justicia Penal, una Reforma Constitucional de Derechos Humanos y una Nueva Ley General sobre Tortura y malos tratos, persisten figuras como como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa que violentan los derechos humanos y que pueden conducir a prácticas ilícitas como la tortura”.
“Y su empleo como método de investigación constituye por un lado un síntoma de abuso y de arbitrariedad pero también una de las principales causas de la disfunción del sistema de justicia en México”, advirtió.
Jam Jarab señaló que “para la erradicación de la tortura hace falta enfrentarla de manera franca y decidida, donde el primer paso es reconocer su existencia y renunciar a la negación”.
De acuerdo con la publicación del mismo medio, frente a este panorama, consideró que “el Manual para la Defensa de las Víctimas de Tortura y tratos o penas crueles es una herramienta importante en virtud de que hace una revisión exhaustiva de los criterios, instrumentos y jurisprudencia que actualmente están en vigor en materia de tortura”.
Agregó que, “expone los avances y desafíos de la jurisprudencia de la Suprema Corte y explica en un lenguaje accesible a las víctimas de tortura distintas estrategias de defensa de sus derechos y aborda instrumentos como el Protocolo de Estambul, herramienta esencial para acreditar la existencia de tortura pero también precisa como no debería ser utilizado”.
