(26 de abril, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- A doña Trinidad la sacaron de su casa, la pusieron de rodillas, le taparon los ojos con cinta gris y le apuntaron con un arma en la cabeza. “¿Dónde está el dinero?”, le preguntaban elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Ella respondía una y otra vez: “No tenemos dinero. No tenemos dinero”, señala el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2017, revisado por Revolución TRESPUNTOCERO.
Doña Trinidad tiene más de 60 años de edad y se dedica a elaborar quesos y panelas en una comunidad alejada de la cabecera municipal de La Huerta, en la Costa Sur de Jalisco. “Ella fue víctima de elementos de la Marina, quienes llegaron a las regiones Sierra de Amula y Costa Sur aproximadamente en el mes de noviembre del año pasado, y desde entonces realizan operativos y retenes, tanto en las carreteras estatales que se encuentran en ambas regiones como en puntos estratégicos de la Carretera Federal 80, Guadalajara–Barra de Navidad; lo hacen con el argumento de aplicar la Estrategia de Seguridad Nacional y combatir el crimen organizado”.
De acuerdo a la víctimas, un jueves de diciembre, alrededor de las 20:00 horas. Vio llegar a hombres encapuchados, vestidos de marinos, en vehículos oficiales y con armas largas, quienes irrumpieron en su casa, le revolvieron todo y le robaron poco más de cinco mil pesos producto de la venta de quesos y panelas.
Después, vio cómo la Marina se llevó sin una orden de aprehensión o presentación, a su marido, un hombre de más de 60 años de edad. Lo subieron a un vehículo oficial y no volvió a saber de él hasta después que transcurrieron las horas; regresó a casa golpeado, con poca ropa y descalzo. Los elementos de la Marina lo dejaron en un camino cercano a Punta Pérula después de torturarlo.
A don Juan le pusieron bolsas en la cabeza para tratar de asfixiarlo, lo golpearon en el estómago, en la cara. A golpes, le lastimaron las costillas y los genitales. Le quitaron la camisa, el pantalón y los huaraches. Lo dejaron perturbado. “Perdió la noción del tiempo y del espacio. No supo cuántas horas pasaron desde que lo sacaron de su casa y lo dejaron abandonado. Tal vez, los marinos pensaron que había muerto. Don Juan tomó fuerzas de donde pudo y llegó a casa por sus propios medios”, señala el testimonio.
A pocos kilómetros de la casa de doña Trinidad está el Ejido Adolfo López Mateos, en La Huerta. Ahí, marinos también irrumpieron en un rancho, robaron sillas de montar, quesos, despensa y de seis a siete mil pesos en efectivo, producto de sus ventas.
“En la casa se encontraba uno de los mozos que cuidan el rancho. Los gendarmes le taparon la boca con cinta gris y durante cinco horas lo torturaron psicológicamente. La Marina le preguntaba en dónde estaba el dinero. Él respondía que ese era todo el que tenía.
En otro rancho cercano a esa zona, cerca de Las Juntas, un sábado de diciembre la Marina llegó. El vigilante escuchó tres disparos y vio a tres marinos encapuchados. Él se refugió en la casa, pero de poco sirvió: tiraron la puerta y entraron, le golpearon la cabeza con un arma y se desmayó”.
El testimonio en el documento señala que, “cuando despertó estaba vendado y amarrado. No sabe cuánto tiempo transcurrió desde que recuperó el conocimiento y logró librarse de los amarres. Al revisar la casa se dio cuenta que ya no estaba una cuatrimoto y tres pantallas”.
De acuerdo a los activistas, dicho informe, llega en un momento preciso “porque se discute y se pone en entredicho que el sistema garantista no es suficiente para frenar los índices de criminalidad ni para alcanzar la tan deseada seguridad”, señalan los activistas.
En mayo de 2016, el Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón, señaló que la Secretaría de Marina (Semar) se esforzaría para evitar las violaciones a derechos humanos, pero también pidió a la sociedad que “no se prejuzgara a los elementos”.
Soberón Sanz aseguró que los casos de violación a derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas “son aislados y no se dan por procedimiento”. Afirmó: “Apelamos a la comprensión de la sociedad para evitar juicios anticipados para quienes buscan cumplir con la ley, hasta que un juez determine su responsabilidad legal”.
De acuerdo al informe de investigación Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México, publicado en noviembre 2017 y elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) que realiza investigación e incide a favor de los derechos humanos en las Américas, indica:
“Hace falta investigar a los superiores jerárquicos de los soldados acusados de cometer violaciones a derechos humanos, así como las órdenes militares que implican la violación de derechos humanos de civiles.
Únicamente encontramos un caso en el que se condenó a un teniente coronel en Chihuahua por su responsabilidad como superior jerárquico en una desaparición forzada ocurrida en el 2009, y otro en que se condenó a un subteniente de infantería por la desaparición forzada de una persona en Nuevo León en el 2012”.
“La tortura y la muerte siguen sumando víctimas. Pero no todo es culpa de los cárteles, lo peor viene cuando son quienes dicen combatir delincuentes y proteger ciudadanos quienes los torturan, los desaparecen, producto de la impunidad que ha sido el estandarte de este extermino social.
Dicho exterminio fue el método que implemento Calderón para mantener el miedo el cual redobló el priista Peña Nieto. Es por esto que los mexicanos hemos estado bajo una amenaza constante. Puede ser cualquiera, de cualquier estrato social, principalmente jóvenes pero no por eso son los únicos. En Jalisco, podemos observar un ejemplo de un amplio panorama de violencia perpetrado por Marina y Ejército, además de las policías. Quienes fueron convertidos en comandos armados en contra de cualquiera a fin de diluir la lucha social de muchos más”, señala a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Cecilia González.
Además, indica que aun cuando la ley estatal para prevenir y sancionar la tortura se creó desde 2015, ni en 2016 y tampoco en 2017, alguna persona en Jalisco fue detenida. “Incluso cuando la Fiscalía General del Estado sí abrió 38 averiguaciones previas que tenía que ver con este delito”.
En estos tres años, la CEDHJ tuvo por su parte 188, 150 y 108 quejas -la mayoría por casos sucedidos bajo el sistema penal anterior-, en tanto que en 2014, por ejemplo, fueron 24.
En marzo pasado, Javier Perlasca Chávez, cuarto visitador general de la CEDHJ sobre el motivo en el crecimiento exponencial, afirmó: “La ley, en tres artículos, dice que basta que cualquier persona haga una referencia a que fue torturado por cualquier medio para que se abra la investigación ministerial y el expediente de queja correspondiente en Derechos Humanos”.
Señaló que, “los jueces o magistrados o salas nos están remitiendo quejas derivadas de que al momento en que dictan sentencia se encontraron que en un momento de la declaración ministerial o la declaración ante el juez o de la ampliación de declaración, el imputado mencionó haber sido objeto de tortura”.
Por su parte la activista indica que, la cifra negra es aún más terrible que las que se conoce. “Padecemos un terrorismo de Estado, sin duda, con la Marina y el ejército al frente. Podemos denunciar y evidenciar que la cifra crece, pero al parecer ni siquiera eso los inquieta, lo peor sería darnos cuenta que pese al crecimiento de casos no hubiera algún efecto en la prevención y acción de justicia”.
