(04 de mayo, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Allende y Piedras Negras son ciudades con una población aproximada de 22.700 y 163.600 personas, respectivamente, ubicadas en la parte norte de Coahuila. Ambas ciudades se encuentran a corta distancia en auto de Eagle Pass, Texas, lo que las convierte en lugares estratégicos para transportar drogas y otro tipo de material de contrabando al otro lado de la frontera México-Estados Unidos, señala la organización Open Society Justice Initiative, en su informe Corrupción que mata.
Para llevar a cabo estas actividades ilegales, los Zetas reclutaron en sus filas a varios residentes de Allende y Piedras Negras, incluyendo a Mario Alfonso Cuéllar (“Poncho”), Héctor Moreno Villanueva (“El Negro”) y José Luis Garza Gaytán (“La Güiche” o “La Güichina”).
Los tres trabajaron para los Zetas, lavando dinero y trasladando varios cientos de kilos de cocaína al mes a través de Eagle Pass, Texas, hacia los Estados Unidos. Se cree que a principios de 2011, los Zetas recibieron información de una unidad de la policía federal mexicana de que alguien había entregado a las autoridades estadounidenses información privilegiada sobre sus líderes.
Los Zetas estaban convencidos de que Cuéllar, Moreno Villanueva y Garza Gaytán los habían traicionado y eran responsables de dicha filtración. “Los Zetas son conocidos por sus represalias brutales y públicas contra presuntos ‘soplones’ con el fin de mantener la disidencia interna bajo control y desalentar la cooperación con las autoridades judiciales. Sin embargo, antes de que los Zetas pudieran capturarlos, Cuéllar, Moreno Villanueva y Garza Gaytán escaparon a los Estados Unidos. Porque ya no podían castigar a los tres hombres, los Zetas decidieron tomar represalias contra sus familias y colaboradores”.
En los días previos a la masacre de Allende, los Zetas tuvieron una reunión con el entonces Director de Seguridad Pública de Allende, Roberto Guadalupe Treviño Martínez y el entonces alcalde de Allende, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, en la cual informaron a los funcionarios públicos que “las cosas se iban a poner feas” en Allende y que no debían intervenir, según el testimonio proporcionado por oficiales de policía a la Procuraduría General del Estado de Coahuila, versa el informe revisado por Revolución TRESPUNTOCERO.
De esta manera, la policía municipal de Allende recibió dos órdenes: “No salir a patrullar ni responder a ningún llamado de ayuda”; y “detener a cualquier persona de apellido Garza para que ser entregada a los Zetas. Según el testimonio del entonces comandante de la Policía Municipal de Allende, Juan Ariel Hernández Ramos, “la policía debía llevar a cualquier persona apellidada Garza ante los líderes de los Zetas, Fernando Ríos Bustos (conocido como “El Comandante Pala”) o Germán Zaragoza Sánchez (conocido como “El Canelo”).
El 18 de marzo de 2011, el cártel de los Zetas puso en práctica su plan y envió unos 40 ó 50 camiones llenos de hombres armados a Allende y pueblos vecinos. La orden impartida a los hombres armados era buscar y matar a miembros de las familias de los traidores y, según se informa, “se les dieron listas de hogares, negocios y ranchos que debían asaltar y luego destruir”.
La búsqueda tenía por objeto a cualquier persona que compartiese los apellidos Garza, Gaytán, Moreno o Villanueva; que trabajara o hubiese trabajado para ellos; o que tuviese alguna relación o amistad con ellos.
Los Zetas comenzaron su ataque en el rancho de los Garza. Según informes de investigación, alrededor de las 6:30 o 7:00 p. m., un grupo de Zetas acompañados por varios policías municipales, “usaron una camioneta para romper la entrada principal” del rancho Garza y “entraron disparando contra todos los presentes,” incluyendo ancianas y niños.
Este rancho se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos y “cocciones”, donde los cuerpos fueron quemados en un depósito o en barriles de metal hasta que no quedó prácticamente nada, señala el documento.
Según José Juan Morales, coordinador de los investigadores de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas en el estado de Coahuila, “[los Zetas] ingresaron a domicilios, los saquearon y los quemaron. Después llevaron a las personas que vivían en los domicilios a un rancho a las salidas de Allende. Primero los mataron y luego los metieron a una bodega donde había pastura, los rociaron con diésel y les prendieron fuego. Estuvieron alimentando el fuego horas y horas”.
Varios bomberos confirmaron que vieron a miembros de la policía municipal en el rancho, y que la policía no intervino a pesar de ver personas siendo golpeadas, oír los gritos y oler el humo y la gasolina.
La llamarada que había en el rancho Garza por la incineración de los cuerpos no pasó desapercibida: de 18 al 22 de marzo se realizaron al menos nueve llamadas a los servicios de emergencia en relación a cuatro importantes incendios ocurridos en Allende, uno de los cuales era el incendio en el rancho Garza.
Evaristo Treviño, exjefe de bomberos de Allende, describió como los bomberos bajo su mando respondieron a los reportes del incendio en el rancho Garza, sin embargo agregó que, hombres armados vinculados a organizaciones criminales les impidieron prestar ayuda.
Varios bomberos confirmaron que vieron a miembros de la policía municipal en el rancho, y que la policía no intervino a pesar de ver personas siendo golpeadas, oír los gritos y oler el humo y la gasolina. En consecuencia, todos los prisioneros en el rancho fueron asesinados. Los Zetas les dijeron a los bomberos que se fueran o ellos y sus familias enfrentarían el mismo destino.
También les dijeron a los bomberos que “iba a haber numerosos incidentes” y muchas llamadas sobre disparos, incendios, y otros sucesos, pero que los bomberos “no estaban autorizados a responder”.
Aproximadamente al mismo tiempo que las desapariciones y los asesinatos en Allende, los Zetas también fueron a Piedras Negras para tomar venganza y masacrar a todos aquellos relacionados con Cuéllar. La orden era clara: “capturar a todos y a todo lo que oliese [a] Poncho Cuéllar”, incluyendo hombres, mujeres, niños y ancianos que estaban relacionados de alguna manera con Cuéllar, independientemente de si estaban involucrados en el tráfico de drogas o no.8
Uno de los secuestrados por los Zetas fue Adolfo Efrén Tavira Alvarado (“Tavira”), un exgerente de producción de TV y narcotraficante de Cuéllar. En el juicio realizado en los Estados Unidos contra Marciano Millán Vásquez (“El Chano”), un líder Zeta que fue acusado y declarado culpable de cometer diez crímenes, incluyendo algunos de los asesinatos de Allende, Tavira testificó haber sido secuestrado de su casa de Piedras Negras y llevado esposado ante el entonces líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-40”), su hermano, Omar Treviño Morales (“Z-42”) y sus sicarios. También, declaró que junto con él, más de 30 personas habían sido secuestradas y esposadas.
Al final, los Zetas decidieron perdonar a Tavira porque dos líderes de los Zetas confirmaron que Tavira había comenzado a mover drogas para otros Zetas y que ya no trabajaba para Cuéllar. Antes de irse, Tavira vio cómo Z-40, Z-42 y otros Zetas “comenzaron a mover a las personas que habían atado y a asesinarlas a sangre fría, [agarrando los cuerpos de las víctimas] (…) y arrojándolos a unas camionetas.”, señala el informe.
Cabe destacar que un proceso similar de “cocción” de cuerpos en barriles metálicos parece haber ocurrido en Piedras Negras entre el 18 y el 22 de marzo, tiempo durante el cual se hicieron al menos 100 llamadas de emergencia para reportar 42 incendios distintos en el área.
Pero este patrón de violencia no se limitó a Allende y Piedras Negras: la operación de los Zetas se extendió por el norte de Coahuila, incluyendo Ciudad Acuña, Morelos, Nava, Villa Unión, Zaragoza, Músquiz y Sabinas. En Zaragoza, el rancho Los Tres Hermanos se convirtió en otra base de operaciones para ejecuciones y eliminación de cuerpos.
Al igual que en el rancho Garza, las víctimas fueron “cocinadas” colocando sus cuerpos en barriles de metal, donde se quemaron durante horas hasta que no quedó nada más que grasa. Todavía no está claro cuántas personas desaparecieron o murieron durante la masacre de Allende.
En 2016, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, conocida por el acrónimo PGJEC, confirmó la desaparición y muerte de 54 personas, de las cuales se han identificado los restos de 28. Sin embargo, muchas otras fuentes, incluyendo testimonios de antiguos miembros de los Zetas, indican que la cifra es mayor a 300.
Open Society Justice Initiative señala que, los múltiples homicidios y el gran número de desapariciones y actos de tortura señalados, son consistentes con la política de los Zetas de control territorial a través de la violencia y el terror, “lo cual parece haberse implementado con la complicidad de funcionarios públicos corruptos”.
“Si bien los crímenes de los Zetas se extendieron a través de numerosas ciudades en el norte de Coahuila, está claro que en Allende y Piedras Negras tuvieron lugar cientos de desapariciones, torturas y asesinatos. La abrumadora violencia ejercida contra civiles mexicanos en Allende y Piedras Negras en marzo de 2011 parece haber sido una venganza por una supuesta traición de antiguos miembros de los Zetas.
Después de obtener el control efectivo del CERESO Piedras Negras, el cártel lo utilizó como campo de exterminio y base de operaciones para extender su reinado de terror. Las masacres perpetradas en ambas áreas sirvieron para mantener la fuerza de la organización y su capacidad para controlar el territorio. Estos hechos, también estaban destinados a infundir temor en cualquier otro miembro de los Zetas que pudiera contemplar la posibilidad de volverse contra el cártel”, versa en sus conclusiones.
Estos ataques llevan el sello de crímenes de lesa humanidad dada la magnitud y la naturaleza sistemática con la que se llevaron a cabo. Como parte de una política general de los Zetas, requerían planificación, dirección y organización. La forma en la que se perpetraron los crímenes confirma que no fueron actos aislados ni aleatorios, indica.
“Por ejemplo, en la masacre de Allende, los Zetas se enfocaron en individuos de familias específicas y aquellos que tenían vínculos con ellos; según se informa, se disponía de listas de hogares, negocios y ranchos para atacar y destruir; y, presuntamente, se había informado al alcalde y al comandante de la policía antes de la masacre para asegurar que no intervinieran. En la prisión del CERESO Piedras Negras, los crímenes continuaron durante años y requirieron coordinación con autoridades penitenciarias para llevar a las víctimas al penal”.
Lo anterior es solamente uno de los grandes argumentos de Open Society Justice Initiative, para afirmar que existe un reiterado fracaso de las autoridades mexicanas para investigar y procesar adecuadamente crímenes atroces está íntimamente ligado a la corrupción endémica, y requiere una respuesta internacionalizada, de acuerdo con el informe que tuvo la colaboración de ocho organizaciones mexicanas de derechos humanos.
El informe “Corrupción que mata” sostiene que “la participación y el apoyo internacional serán esenciales para combatir la obstrucción política y los intereses partidistas que actualmente incapacitan al disfuncional sistema de justicia en México.”
Además, se propone la creación de un mecanismo de rendición de cuentas basado en el país, con expertos nacionales e internacionales que tendría un mandato de investigar de forma independiente y, cuando sea necesario, perseguir crímenes atroces y actos de corrupción relacionados con estos crímenes.
James A. Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, ha señalado que: “La sociedad mexicana sabe que el sistema de justicia no funciona y está ya cansada de excusas. Cuando el sistema local falla, la respuesta usual es recurrir a las autoridades federales. Pero cuando el sistema federal tampoco funciona, la única respuesta es mirar hacía la comunidad internacional”.
Benjamin Cokelet, director ejecutivo del grupo mexicano de responsabilidad corporativa y derechos humanos PODER, ha dado a conocer que: “este informe resalta algunas formas en que intereses ilícitos capturan al estado, dejando al sistema de justicia impotente frente a la violencia que amenaza la vida cotidiana de muchos mexicanos. Necesitamos desmantelar las redes delictivas que han atrapado al estado y, para lograrlo, necesitamos asistencia internacional”.
El informe señala actos de colusión entre ciertos funcionarios públicos y miembros del cártel de los Zetas en la perpetración de posibles crímenes de lesa humanidad en Coahuila entre 2009-2012. En particular, examina dos de los episodios más brutales perpetrados por los Zetas en Coahuila durante el auge de ese grupo: el asesinato de aproximadamente 300 hombres, mujeres y niños en el municipio de Allende y otras localidades cercanas; y la desaparición y asesinato de un estimado de 150 personas dentro de la prisión estatal de Piedras de Negras durante el período 2009-2012, cuando esta prisión sirvió como un centro de operaciones de facto para los Zetas.
El informe también examina cómo las recientes reformas al sistema de justicia en México -en particular, la creación de una nueva Fiscalía autónoma y el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción- actualmente no brindan la independencia o competencia necesaria para investigar los crímenes atroces o las redes de corrupción entre funcionarios públicos y el crimen organizado. La aparente colusión de funcionarios públicos con el crimen organizado en la perpetración de crímenes atroces y los fuertes vínculos que ellos tienen con autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del gobierno mexicano para investigar y perseguir de manera independiente estos crímenes.
El informe “Corrupción que mata” fue elaborado por Open Society Justice Initiative en asociación con ocho organizaciones mexicanas: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Piedras Negras/Coahuila, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y PODER Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación.
Open Society Justice Initiative, asegura que, la situación en México se ha ido deteriorando aún más. “En 2017, México experimentó su año más violento en dos décadas, con más de 25,000 homicidios (superando, incluso las cifras de 2011). Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en México han sido reportadas en los últimos seis años. La tortura sigue siendo una práctica rutinaria y ‘generalizada’ a nivel estatal y federal – un hecho reafirmado a comienzos de 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura”.
La rendición de cuenta para estos crímenes es casi nula. De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos.
“La impunidad se vuelve un enorme problema a medida que es más evidente que los crímenes cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos.
En México, la corrupción ha sido reconocida desde hace tiempo como endémica y su paulatina proliferación ha inspirado en los últimos años una notable lucha ciudadana para combatirla. Sin embargo, se ha prestado menos atención a cómo los actos de corrupción, algunos de ellos descritos en este informe, han contribuido de manera particular a los crímenes atroces”.
De acuerdo con la Encuesta de Corrupción Latinoamericana del año 2016, México ha sido catalogado como “uno de los cuatro países más corruptos” de la región. En palabras de Luis Rubio, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, “ [la corrupción] sigue siendo el pegamento que mantiene unido al establecimiento del país.”
Open Society, señala que, la creciente evidencia de colusión entre funcionarios estatales y municipales en crímenes de lesa humanidad cometidos por los cárteles hace surgir la interrogante acerca de si ha habido una colusión sistémica entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México.
Estos patrones de corrupción no solo son corrosivos a largo plazo al limitar la gobernabilidad democrática, la inversión económica y el desarrollo equitativo, sino que también son mortales. Es el tipo de corrupción que mata.
