“Comisionar a servidores públicos para prestar apoyo y seguridad a los ex Presidentes del país es ilegal, pues no está establecido en ninguna ley, por lo que ese servicio debe retirarse de inmediato”, aseguró la diputada federal con licencia Verónica Delgadillo.
La legisladora de Movimiento Ciudadano, quien ocupará un escaño en el Senado en la Legislatura que iniciará el 1 de septiembre próximo, indicó que “esta prestación se basa en tres decretos presidenciales, dos de los cuales carecen de validez porque, además de no contener las firmas necesarias, no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”.
“Estos acuerdos son ilegales, nunca fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, no tienen validez. Toda esta serie de servicios: la pensión, el personal a su cargo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, la gasolina y demás, no está legislado, por lo tanto es ilegal”, acusó de acuerdo con Reforma.
Reforma publicó este jueves que “los cinco ex presidentes vivos tienen asignados a 65 servidores públicos con puestos que van desde director general hasta personal operativo y por los que anualmente se gasta del erario público, tan solo en salarios brutos, 22.8 millones de pesos”.
Los decretos mencionados por Delgadillo fueron expedidos en 1976 y 1987, durante los sexenios de Luis Echeverría y Miguel de la Madrid, y han permitido que cada Mandatario, al momento de su retiro, tenga a su disposición a 78 miembros del Estado Mayor y a 25 empleados administrativos.
“En el caso de personal militar se les permite tener, de parte del Ejército: un General, cuatro jefes, ocho oficiales y 32 de tropa; por la Armada: dos jefes, cuatro oficiales y 16 de tropa; en tanto que de la Fuerza Aérea, un jefe, dos oficiales y ocho de tropa.
“Los civiles de los que pueden disponer con cargo al erario son una plantilla conformada por un director General, dos directores de Área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de Departamento, cuatro secretarios, tres técnicos especializados, tres choferes y cuatro auxiliares administrativos”.
Un tercer decreto, expedido el 30 de noviembre de 2012 por el entonces Presidente Felipe Calderón, extendió el beneficio de la seguridad a los familiares de los ex Mandatarios.
Delgadillo, quien como diputada en la Legislatura que está por concluir el próximo 30 de agosto luchó por retirar de la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación la partida destinada al pago de la pensión a los ex Presidentes, sostuvo que “no existe justificación para destinar recursos públicos para cubrir las necesidades de quienes ya no ostentan ningún cargo en la Administración Pública Federal”.
“El único espacio en donde hay referencia a que ellos pueden disponer de una pensión mensual, que es lo que recibe un Secretario de Estado, que son 205 mil pesos al mes, es el Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde cada año, se establece que van recibir estos 205 mil pesos”, dijo.
