La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa ” no tiene objetividad y la imparcialidad que se requiere porque le deja la dirección de la investigación a los representantes de las víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia declaró para El Universal que si las acciones para instrumentar una comisión del a verdad se apegan al marco de la ley, las Fuerza Armadas se ceñirán a la legislación
“La Sedena ha ejercitado algunas acciones porque considera que la comisión de la verdad no está prevista en el orden jurídico mexicano ni está prevista en algún tratado internacional, entonces, nosotros pensamos que una investigación a cargo de un organismo, que por cierto, le deja la dirección de la misma a los representantes de la víctimas [CNDH], pues no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere”.
Por ello, precisó que algunos elementos militares interpusieron un recurso contra la resolución, pues si la investigación no se hace en el marco de la ley, sus derechos pueden verse lesionados, en una investigación fuera de procedimiento y sin garantías.
Tras cuatro años del a desaparición del os 43 normalistas, se rechaza la participación del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala “Es importante dejar claro que derivado de las investigaciones y, como se ha sostenido, la Sedena, ha informado que no hubo ninguna participación [la noche de los sucesos], no existe ningún elemento que refiera que se actuó por parte de personal militar”.
El general, consideró sospechoso toda la carga de señalamientos y que la principal preocupación del caso sea buscar responsabilidad del Ejército por presunta omisión. Dijo que ese batallón es encargado de colaborar en actividades de seguridad en un sector conformado por 10 municipios. En ese momento se encontraba asignado a actividades como adiestramiento y atención a emergencias tras el incidente con una pipa, por lo que el personal en el C4 reportó la actividad de los estudiantes y los mandos militares se comunicaron con los directores de la policía municipal y de la estatal, quienes aseguraron tener todo bajo control.
“El conocimiento que tuvo el batallón con respecto a estos hechos en realidad fue a partir de reportes del C4 sobre que estudiantes estaban trasladándose a Iguala y tomaron algunos autobuses de pasajeros para sus actividades; el personal de la policía, por supuesto estaba resguardando el orden, conteniéndolos”, detalló.
Ramos Flores señala la presencia de un militar que tomó fotografías, y reporto que el personal de la policía estaba conteniendo a los estudiantes y los estaban bajando de los autobuses “Se percató de que la policía empezó a verlo como sospechoso y entonces decidió reintegrarse al cuártel. Esa es la mayor participación que hubo, si es que se puede decir que hubo participación” insistió.
Dijo que los militares realizaron rondines de vigilancia luego de lo ocurrido, sobre todo luego de saber del ataque al autobús del equipo de fútbol Avispones, así como la presunta presencia de un supuesto grupo armado.
“Quien estaba actuando en contra de los estudiantes era la policía. No sólo es una cuestión de toma de decisiones, es jurídica, y así fue informado a la Procuraduría General de la República [PGR]. Tenemos un reglamento y una ley de disciplina que nos prohíbe entrometernos en los asuntos de la policía”,
Ramos Flores añadió que la PGR ha incluido información, entrevistas y testimonios del personal militar, y todas las veces que han sido citados a declaran han acudido. Dijo también que es importante distinguir los intereses que pueden subyacer detrás del movimiento y del dolor de los familiares de los estudiantes.
“La principal preocupación tendría que ser que investiguen qué fue lo que pasó, quiénes actuaron en contra de los estudiantes y dónde están”.
