Luego de realizar investigaciones y pruebas periciales exhaustivas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Express.
En este contexto, la CNDH, emitió una recomendación a autoridades federales y estatales en la que sugiere imponer sanciones ejemplares para que los casos como el sovacón no vuelvan a presentarse.
Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la CNDH, dijo que la recomendación se realiza tras las pruebas e investigaciones realizadas en el lugar, donde dos personas perdieron la vida en 2017, además de que dos personas murieron antes y después del suceso.
“El socavón no fue un accidente, fue resultado de una cadena de ineptitudes de varias autoridades”, dijo en conferencia de prensa en la que dio a conocer la Recomendación 34/2018 sobre la construcción del libramiento de la Autopista México-Cuernavaca.
A través de 29 puntos de recomendación, se dirige un documento a instancias federales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como al gobierno de Morelos y el ayuntamiento de Cuernavaca.
“El imponer sanciones ejemplares es un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse. De otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente”, consideró el segundo visitador general.
Guadarrama López, precisó que el resultado de las investigaciones se hará llegar a la PGR, para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral de la carpeta de investigación que están integrando.
De igual forma se solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que investigue el caso de forma integral y no dispersa. Se plantea a las autoridades responsables, reparar el daño a las víctimas directas e indirectas de las personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
En la recomendación se señala ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a sus derechos humanos y publicar en su página web oficial por un periodo de un año. Se sugiere que se generen mecanismos legales que obliguen a las empresas a respetar derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren.
Guadarrama López dijo también que tras investigaciones que indican la existencia de una “relación entre la autoridad y las empresas en un posible esquema de corrupción”. La CNDH encontró que todos los contratos fueron modificados, mediante nueve convenios modificatorios, lo que implicó el incremento del 67.94 %del monto inicial de pago.
