- Una nueva denuncia solicita investigar al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, por un contrato de hasta 4 mil 838 millones de pesos adjudicado durante su gestión; señalan posibles conflictos de interés, simulación de competencia y un eventual daño al patrimonio de la petrolera.
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrenta una nueva denuncia relacionada con un contrato de hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos, cuya adjudicación durante su administración quedó bajo revisión por presuntos conflictos de interés, simulación de competencia y una posible afectación al patrimonio de la empresa productiva del Estado.
De acuerdo con información publicada por El Universal, la denuncia solicita que diversas autoridades federales analicen la legalidad del procedimiento mediante el cual fue asignado el contrato PMX-2025-98-347, destinado al arrendamiento de vehículos especializados para labores de seguridad física y combate al mercado ilícito de hidrocarburos.
Cuestionan adjudicación directa de un contrato multimillonario
El contrato fue adjudicado de manera directa el 25 de julio de 2025 al consorcio integrado por Arrendo Serv, S.A. de C.V., e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2028.
El acuerdo contempla el arrendamiento de entre 350 y mil 200 vehículos especializados por año, además de mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución de unidades, como parte de las acciones de protección de instalaciones estratégicas y combate al mercado ilícito de combustibles.
La denuncia, presentada el 6 de julio de 2026, pide revisar cómo fue autorizado el contrato, si las empresas contaban con la capacidad técnica, financiera y operativa para ejecutarlo y si existieron beneficiarios finales o relaciones corporativas que no hubieran sido reveladas.
Piden revisar posible conflicto de interés y simulación de competencia
Uno de los principales cuestionamientos se centra en que Pemex recurrió a una excepción al procedimiento ordinario de contratación, al justificar que el servicio estaba relacionado con seguridad nacional, seguridad pública y protección de infraestructura estratégica, lo que permitió evitar un concurso abierto entre proveedores.
La denuncia solicita determinar si esa excepción fue aplicada conforme a la ley, si el monto contratado era razonable y si la adjudicación respetó los principios de legalidad, transparencia y uso adecuado de recursos públicos.
Asimismo, se pide investigar posibles vínculos personales, empresariales o comerciales entre funcionarios y las compañías beneficiadas, además de identificar quiénes son los beneficiarios finales de las empresas adjudicatarias.
Autoridades federales ya recibieron la denuncia
La solicitud fue presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero también fue remitida a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control de Pemex.
El objetivo es que cada institución revise, dentro de sus atribuciones, los aspectos administrativos, financieros, fiscales y, en su caso, penales relacionados con la contratación.
No existe una acusación penal por este contrato
Hasta el momento, Víctor Rodríguez Padilla no enfrenta una acusación penal formal derivada de este contrato, ni existe una resolución que determine responsabilidades por los hechos señalados en la denuncia.
Lo acreditado hasta ahora es que el contrato fue adjudicado durante su gestión al frente de Pemex y que diversas autoridades fueron llamadas a investigar el procedimiento de contratación y los señalamientos de posible conflicto de interés, simulación de competencia y eventual daño patrimonial.
En caso de que las investigaciones detecten irregularidades administrativas, fiscales o posibles hechos de corrupción, la denuncia solicita que se inicien los procedimientos correspondientes y, de ser necesario, que el asunto sea turnado a las instancias competentes para determinar las responsabilidades que procedan.
