- Las reuniones han permitido reunir planteamientos relacionados con tierra, territorio y reconocimiento de la propiedad comunal tradicional
San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha realizado 50 de las 82 asambleas regionales previstas para recoger propuestas de comunidades indígenas y afromexicanas sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
El director del organismo, Adelfo Regino Montes, informó que el proceso deberá concluir antes del 12 de octubre, fecha prevista para presentar las conclusiones de las consultas y avanzar en la elaboración de la propuesta que será enviada al Congreso de la Unión.
Durante una asamblea celebrada en San Cristóbal de Las Casas, con participación de más de 2 mil integrantes de comunidades tsotsiles y tseltales de Los Altos de Chiapas, el funcionario señaló que las reuniones han permitido reunir planteamientos relacionados con tierra, territorio y reconocimiento de la propiedad comunal tradicional.
Entre las demandas expuestas también se encuentran mecanismos para proteger el patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva, además de establecer reglas para garantizar el derecho de los pueblos a ser consultados sobre decisiones que puedan afectarles. Otro punto planteado es el acceso directo a recursos públicos para las comunidades.
El proceso forma parte de una consulta nacional dirigida a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. De acuerdo con el INPI, antes de iniciar las asambleas se desarrolló una etapa informativa en la que se distribuyeron materiales sobre la propuesta normativa a las comunidades convocadas. En agosto, el organismo reportó que había entregado información a 16 mil 248 de las 16 mil 728 comunidades consideradas en el proceso.
La programación oficial contempla 82 asambleas regionales y mesas de trabajo distribuidas en distintas entidades del país. El calendario fue publicado mediante un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, con sedes correspondientes a diferentes pueblos y regiones indígenas.
Regino Montes señaló que, tras las reuniones, se integrarán las propuestas formuladas por las autoridades comunitarias. Para ello, en cada región se contempla la participación de representantes encargados de dar seguimiento a la sistematización de los planteamientos.
La iniciativa busca desarrollar el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, así como fortalecer sus derechos de libre determinación, autonomía y participación en la vida pública.
El proceso también ha generado posturas distintas entre comunidades. Algunas organizaciones han cuestionado la metodología y los tiempos establecidos para las consultas, mientras otras han participado en las asambleas y presentado propuestas para incorporar sus demandas en el proyecto de ley.
