El legislador por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, recordó un problema estructural de nuestro país, de 1941 a 1982 creció a más del seis por ciento anual, y de 1983 a la fecha a un tercio de esa cifra.
“En la actualidad, deberíamos tener una tasa de crecimiento mínimo de cuatro por ciento, con dos millones de nuevos empleos anuales, pero nos e ha logrado debido a que la inversión determina la tasa de crecimiento y ésta ha sido muy baja”, señaló.
Por esta razón, la inversión resulta fundamental para la creación de un nuevo orden económico que deje atrás el estancamiento económico que agobia a todos los mexicanos.
De acuerdo con sus declaraciones, otro tema relevante en su agenda legislativa, será el compromiso para elevar la recaudación y fortalecer la capacidad de inversión del sector público en infraestructura y obra pública.
“Tenemos que recordar que, México se mantiene entre los seis países con menos ingresos tributarios totales de América Latina y el Caribe, al representar 17.4% del Producto Interno Bruto (PIB), ante los enormes desafíos en materia de gasto del país, tapar los agujeros fiscales, resultará benéfico para cumplir con las necesidades de infraestructura que existen en todo el país”, comentó.
En ese sentido, refirió que el acuerdo servirá de igual forma para para elevar la competencia económica permitiendo la entrada de nuevos competidores y el bienestar del consumidor.
De acuerdo con dato de la OCDE, el 30% del consumo de los mexicanos se realiza en mercados concentrados, lo que significa que pagan precios 40% superiores a los que pagarían si hubiera competencia.
La Cofece ha señalado puntualmente que, la presencia de poder de mercado tuvo como consecuencia el pago de un sobreprecio promedio de 98.2 %. Esto representó una pérdida de bienestar en los hogares mexicanos de 15.7% de su ingreso en promedio, con efectos regresivos, al disminuir el presupuesto de los hogares más pobres en 30.9 % –esto es, 4.42 veces más de lo que pierden en bienestar los hogares con mayores ingresos. Los resultados muestran un impacto mayor en las regiones geográficas del país con menores ingresos.
“El Consejo permitirá fortalecer un sistema de mayor vigilancia en la contratación y en el proceso de licitaciones y en la racionalidad del gasto público, se requiere mínimamente la participación de la COFECE en licitaciones Relevantes, emitir un decreto a efecto de ordenar a las dependencias y entidades convocantes que soliciten a la COFECE la revisión de bases, convocatorias o términos generales de una licitación cuando se trate de obras o adquisiciones de gran impacto”, apuntó.
De igual forma, impedir los efectos negativos de la subcontratación y las ofertas conjuntas, por medio de su correcta identificación y aplicar la inhabilitación a los agentes económicos sancionados por colusión para participar en concursos públicos subsecuentes.
El Consejo deberá reforzar la presencia de la banca de desarrollo y plantear la idea de constituir corporaciones financieras por sector económico para incrementar el financiamiento a la actividad productiva.
