El Gobierno de Estados Unidos pospuso su objetivo de endurecer las reglas de origen en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta después de que se renueve el Congreso de su país en las elecciones federales de medio término, previstas para el próximo mes de noviembre.
Durante su comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, adelantó la estrategia de la administración de Donald Trump para el proceso de revisión del acuerdo, apostando por pactos iniciales y posponiendo los debates de fondo.
“Me gustaría contar, para finales de año, con al menos algunos acuerdos —uno con Canadá y otro con México— y dejar que algunas de estas cuestiones realmente importantes, como las normas de origen… los temas laborales y medioambientales…, requieran un poco más de tiempo para seguir debatiéndolas, incluso con el Congreso, durante el año siguiente”, afirmó Greer ante los legisladores.
Blindaje automotriz y barreras a terceros países
En su informe al Capitolio, la USTR argumentó que la Revisión Conjunta del T-MEC —programada formalmente para este 2026— constituye la ventana idónea para evaluar y reforzar las reglas de origen aplicables al sector automotriz.
La intención de Washington es incentivar una mayor incorporación de contenido estadounidense y regional, amortiguando los riesgos que representan terceros países que operan fuera de las dinámicas de libre mercado dentro de la cadena de suministro de Norteamérica.
Greer enfatizó ante el Comité de Finanzas que la prioridad de la USTR es asegurar «reglas de origen muy sólidas» para concentrar la manufactura dentro de la región y frenar el avance de competidores externos que operan con capacidades excedentes o prácticas anticompetitivas.
A la par, reconoció que las peticiones del Congreso para apretar la fiscalización laboral y ambiental en México requerirán tiempo adicional de negociación.
Equilibrio de poder y los límites presidenciales
El ajuste del calendario legislativo responde también al marco legal interno de Estados Unidos. Un análisis del Congreso estadounidense advierte que el presidente Donald Trump cuenta con facultades acotadas para modificar de forma unilateral las reglas de origen del T-MEC.
Históricamente, este tipo de normativas preferenciales son acordadas por las partes y ratificadas por el Poder Legislativo como parte de la ley de implementación del tratado, concediendo al ejecutivo un margen de maniobra limitado sin aval parlamentario.
El informe parlamentario pone sobre la mesa si cualquier modificación sustancial requerirá aprobación legislativa previa, un dilema recurrente frente a los acuerdos negociados en la era Trump sobre el alcance del ejecutivo para modificar normas comerciales fuera del consenso del Congreso.
El panorama político en Washington será determinante para el rumbo de estas negociaciones. En las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre estará en disputa la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, una contienda cuyo resultado redefinirá las mayorías legislativas, la capacidad de impulso a la agenda comercial de la Casa Blanca y el equilibrio general del poder federal.
