- De acuerdo con información oficial, la extorsión fue el delito con mayor incidencia entre las empresas durante 2023, con 747 mil eventos registrados
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó que la extorsión debe ser atendida no sólo como un delito de seguridad pública, sino también como un factor que afecta la actividad económica, la inversión y las finanzas de familias y empresas.
El legislador señaló que los efectos de este delito se extienden a distintos sectores productivos, debido a que los cobros ilegales pueden incorporarse a los costos de operación de comercios, transporte, construcción y otras actividades. De acuerdo con información oficial, la extorsión fue el delito con mayor incidencia entre las empresas durante 2023, con 747 mil eventos registrados en la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024.
Ramírez Cuéllar también destacó el impacto que la inseguridad tiene sobre los hogares. El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 establece que durante 2024 el costo total de la inseguridad y el delito para las familias ascendió a 269 mil 600 millones de pesos. De ese monto, 91 mil 800 millones correspondieron a gastos destinados por los hogares a medidas preventivas y de protección.
El documento gubernamental señala además que la extorsión afecta particularmente a las micro y pequeñas empresas y representa un riesgo para las cadenas de suministro, debido a que puede incrementar costos, limitar operaciones y favorecer la circulación de mercancías fuera de los canales formales. Entre los estados con mayor incidencia se encuentran Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Jalisco.
El diputado sostuvo que el fenómeno también puede repercutir en proyectos de infraestructura y vivienda cuando transportistas, proveedores o constructoras enfrentan pagos ilegales. En esos casos, los costos derivados de la extorsión pueden trasladarse a otras etapas de la cadena productiva.
El planteamiento ocurre mientras el gobierno federal mantiene entre sus prioridades el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación y la coordinación entre instituciones para combatir delitos de alto impacto. El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 contempla mejorar el intercambio de información y las capacidades de las corporaciones para prevenir y perseguir estas conductas.
