En un revés contundente para las mafias del viejo régimen neoliberal, el Poder Judicial Federal le cerró el paso a la impunidad y ordenó reactivar de forma inmediata el proceso penal en contra de Emilio Lozoya Austin, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Tras casi tres años de maniobras legaloides para mantener el caso congelado, el exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto tendrá que rendir cuentas ante la justicia por el escandaloso desfalco al erario en la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
El fallo unánime fue dictado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, presidido por la magistrada Lorena Oliva Becerra, con el respaldo del magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez y la secretaria en funciones de magistrada Guadalupe Rocío Neri Reynaga.
Con esta determinación, el tribunal le sepultó a Lozoya el beneficio de un amparo, ratificando la sentencia previa del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación que ya le había negado la protección de la justicia federal.
El acuerdo de Alonso Ancira no lo salva
La defensa de Emilio Lozoya pretendía utilizar una jugada mañosa para evadir la cárcel: colgarse del acuerdo reparatorio firmado por el magnate Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
El 31 de agosto de 2023, el juez de control Gerardo Alarcón López había suspendido indebidamente el procedimiento contra Lozoya, aceptando el argumento de que los 216 millones de dólares que Ancira pactó pagar ya cubrían la reparación total del daño al Estado.
Sin embargo, la magistrada Oliva Becerra desarmó por completo este truco legal en su proyecto de resolución. El tribunal determinó que el acuerdo firmado por el empresario siderúrgico se pactó bajo la figura de mancomunidad y no de solidaridad de la obligación. Esto significa que el objeto de la deuda se puede dividir y cada deudor debe cubrir de manera individual la parte que le corresponde por el daño causado. Por lo tanto, el saqueo cometido por Lozoya no se borra con los abonos de su cómplice.
La Fiscalía General de la República (FGR) había impugnado con firmeza aquella suspensión, denunciando que los abogados del exdirector de Pemex utilizaron una tesis inaplicable para el caso. Además, la FGR exhibió que el propio Alonso Ancira ni siquiera ha saldado su deuda con la nación, ya que solo cubrió dos pagos y aún le resta por pagar el 50 por ciento del monto acordado.
El saqueo de Pemex
Con la reactivación del proceso penal, Emilio Lozoya Austin vuelve a quedar contra las cuerdas frente a las graves acusaciones de la FGR que incluyen los delitos de:
- Lavado de dinero
- Cohecho
- Ejercicio indebido del servicio público
La investigación de la Fiscalía General de la República sostiene que en el año 2013, Lozoya recibió un millonario soborno de 3.4 millones de dólares por parte de la empresa AHMSA.
A cambio de este dinero sucio, el entonces director de la petrolera estatal utilizó el dinero del pueblo para adquirir la planta chatarra de Agronitrogenados con un sobreprecio brutal, sangrando las finanzas nacionales en beneficio de las élites corporativas.
El descongelamiento de este expediente marca un precedente indispensable en la lucha contra la corrupción transexenal.
Los recursos del pueblo de México fueron saqueados mediante el tráfico de influencias, y la resolución de este tribunal federal demuestra que, tarde o temprano, los operadores financieros del saqueo neoliberal tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos de traición a la patria.
