A casi seis meses de la explosión de Tlahuelilpan que dejó 136 muertos, el problema del huachicoleo no ha cedido en Hidalgo, pues la entidad se mantiene como el primer lugar a nivel nacional en cuanto a número de tomas clandestinas, misma posición en la que se ubicó en 2018, por lo que es un problema que requerirá de una estrategia integral más compleja.
De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en lo que va del año se han contabilizado mil 885 tomas clandestinas de hidrocarburo, por lo que es un problema que incluso ha incrementado con respecto al mismo periodo de 2018, aunado a que las áreas de inteligencia de las instancias federales han identificado grupos que combaten entre sí por el control del famoso corredor del huachicol.
Desde Tula hasta Cuautepec, el corredor del huachicoleo atraviesa los 27 municipios en donde se ha centrado el robo de combustible en el estado, por lo que incluso se han identificado asesinatos de líderes locales de este ilícito como “El Talachas” ocurrido el pasado 18 de mayo, lo cual según las propias áreas de inteligencia han aumentado la problemática por el crecimiento de las pugnas de las bandas internas.
Sin embargo, hasta el momento las áreas de inteligencia no han identificado la presencia de organizaciones delictivas mayores que operen en la entidad, por lo que en el sitio se ha reforzado la seguridad con elementos del Ejército mexicano, así como de la Policía Federal y estatal, y también se considera la posibilidad de incluir la participación de la Guardia Nacional.
Aunque se ha minimizado la problemática en los últimos días, la situación no cede e incluso hay municipios donde ha recrudecido la violencia como Huichapan, Ixmiquilpan y Nopala, donde por su cercanía con los ductos subterráneos de Pemex prevalecen los enfrentamientos y las noticias de ejecuciones son frecuentes.
Además, la problemática también se extiende en otras entidades como Puebla, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas, por lo que será necesaria la intervención integral de atención, combate y prevención de este ilícito, para que también la población no vea como una opción esta actividad para obtener ingresos económicos.
El problema del robo de combustible creció de forma masiva en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en cuya administración se elevó a niveles nunca antes vistos y la reducción de este problema requerirá tiempo, aunque las bandas buscan mantenerse y asentarse en la lucha de territorios que les permita continuar con sus actividades ilícitas.
La colusión de las autoridades locales con la población y las bandas delictivas ha permitido la descomposición social en las zonas afectadas, por lo que el gobierno federal tendrá que ser muy cuidadoso para evitar que se presenten estrategias fallidas en la atención al problema como sucedió en los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto.
Por lo menos parece que después de la tragedia de Tlahuelilpan la población ha optado por evitar acercarse a las fugas clandestinas para tomar hidrocarburo, debido al grado de peligrosidad que existe.
