Francisco Castillo Montemayor, ex director del Soapap, sostuvo que no es válido el razonamiento que realiza la regidora Agusta Díaz de Rivera sobre la deuda y la indemnización que el ayuntamiento tendría que pagar hasta por 7 millones de pesos a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, por los 25 años que resta de la vigencia del contrato.
Lo anterior, luego de que la panista asegurara que si se revoca el título de concesión, desde el Poder Legislativo, se tendrá que pagar por indemnización hasta 7 mil millones de pesos.
Castillo Montemayor dijo que Díaz de Rivera habla por “mandato y sin conocimiento en el tema” pues incluso señaló que sin razón aumentó al doble la presunta indemnización a la compañía al pasar de 3 mil 500 a 7 mil millones de pesos.
Además mencionó que nadie conoce el monto de la deuda histórica del Soapap, porque existe opacidad en el manejo del recurso, duplicación de créditos y otras irregularidades. Por ello no descartó que los panistas tengan intereses económicos en Concesiones Integrales SA de CV, de ahí la férrea defensa de la empresa.
“El PAN es un partido que busca la privatización y es legítimo que lo haga, porque esa es su ideología y mentalidad; nosotros, los regidores y mucha gente más, del gobierno electo incluso, estamos de lado de los intereses de la sociedad, principalmente con los que menos tienen”
El día de ayer Castillo Montemayor y regidores de Morena, ofrecieron una rueda de prensa para aclarar algunos temas concernientes al proceso de rescisión del contrato que privatiza el servicio del agua en la ciudad de Puebla.
Insistieron en la urgencia de que la Auditoría Superior de la Federación y del estado, así como la Contraloría estatal, comiencen las auditorías al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, para conocer la verdad.
El ex director del organismo, recalcó que el Soapap, es un organismo descentralizado, paramunicipal y al ayuntamiento le corresponde su manejo, la administración del servicio y revocar en primera instancia el contrato que privatiza el servicio.
Es decir, enfatizó, el ayuntamiento tiene la facultad para romper la relación con la empresa Concesiones Integrales SA de CV. En cuanto a la deuda histórica del Soapap, precisó que inicialmente era de 2 mil 128 millones de pesos cuando la administración del servicio pasó a manos de Concesiones Integrales.
“Con los gobierno de Moreno Valle y Gali se pagaron 520 mil pesos, que redujo a mil 608 la deuda histórica, pero ahora el Soapap y la empresa están duplicando los créditos por 745 millones de pesos; las cuentas están mal y urgen las auditorías para fincar responsabilidades legales”, demandó.
Por su parte, la regidora con licencia Rosa Márquez Cabrera denunció que la cifra estratosférica que se tendría que pagar por rescindir el contrato a la empresa, es “el petate del muerto” que utiliza el PAN para infundir temor.
Asimismo, insistió que es necesaria impulsar una nueva Ley para que el gobierno del estado retribuya las facultades al Soapap.
“No es una lucha aislada ni sola, se ha venido acompañando de la movilización social con la creación del Frente en Defensa del Derecho Humano al Agua y contra la Privatización”, destacó.
Por ello dijo que tiene confianza en que la coalición Juntos Haremos Historia apruebe la revocación del contrato.
ccca.
