La Procuraduría Social de Ciudad de México detectó compra de votos durante la campaña de 2018, con recursos destinados a rehabilitación de unidades habitacionales afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.
Patricia Ruiz Anchondo, titular de la Prosoc, sostuvo que la Contraloría capitalina ya realiza una auditoría de todos los proyectos para deslindar responsabilidades, pues además señala se favoreció a una empresa constructora con proyectos millonarios.
Expuso que dicha oficina desconcentrada del gobierno se manejaba con tal opacidad, que favoreció a la empresa Construcciones López Díaz SA de CV con 21.59% de proyectos del programa Ollin Callan 2018 para la rehabilitación de unidades habitacionales. R
Al llegar a la Prosoc, se encontró un rezago en el programa, pues solo se dieron anticipos a inicios de años a los que están obligados por las reglas de operación, pero se entregaron el 1 de diciembre de 2018, “cuatro días antes de que tomáramos el mando”.
“Se suponía que deberían participar más de 400 empresas, en 457 proyectos a realizarse ese año, pero hubo menos y Construcciones López Díaz SA de CV concentró 21.59%, por lo que se les otorgó un millón 398 mil 150 pesos” mencionó en entrevista para Milenio.
En este contexto, mencionó que cada proyecto esta en revisión para verificar que efectivamente la empresa designada para los trabajos llevara a cabo el plan de obra y si los costos coinciden a los precios unitarios de los montos.
Detalló que de los 100 mdp que deberían entregar, “comprometieron 40 mdp, por lo que arrastraron un subejercicio que afectó la aplicación de los recursos en esas 457 unidades; ahora nos toca aplicar, corregir y revisar si efectivamente las obras están bien hechas”.
Ruiz Anchondo mencionó que se han encontrado muchas irregularidades además de que la administración pasada dejó en caja 60 millones de pesos y ahora deben ejercerlos, porque al comprometerlo con las empresas y las unidades que eligieron hace un año no tienen oportunidad de verificar si efectivamente se hicieron las asambleas.
Detalló que su antecesora, Rosa Patricia Gómez Chávez, repartió mil pesos por vivienda en 457 unidades a cambio del sufragio y comprometieron 40 millones de pesos con inmobiliarias.
“Eso nos hace sospechar que había cierto manejo discrecional para las empresas, en relación a los sobreprecios que se cubrirían, y también porque el cálculo del otorgamiento de recursos se hace según el número de viviendas con la que cuenta la unidad”.
De esta manera, mencionó para Milenio que la administración anterior en lugar de destinar el presupuesto en áreas comunes, repartía mil pesos por vivienda para apoyar con votos “como en el caso de las unidades de Iztapalapa”, detalló la funcionaria.
Especificó que los habitantes de Unidad Culhuacán Piloto 5, en Coyoacán, han acudido a las oficinas de la Prosoc para decir que habían sido vetados, porque no estaban políticamente con el PRD.
“Había 6 mil quejas administrativas que no se atendieron y 600 notificaciones que no se ejecutaron por omisión de la Prosoc, con lo que los condóminos perdieron sus asuntos. Encontramos un malestar social y con un mal emocional enorme, por la falta de apoyo; se actuaba con total opacidad en la administración pública al no preocuparse por cumplir con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
En este contexto, dijo que todas las situaciones se han reportado de forma puntual a la Contraloría General de la CdMx, quien ya aplica una auditoría y con ello se proceda, en caso de ser necesario para sancionar a quien corresponda dado que se trata de recurso público.
ccca.
