(03 de agosto, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- En abril pasado, Óscar Alejandro Kabata de Anda denunció en un canal de televisión de Ciudad Juárez, las torturas que su amigo Víctor Manuel Baca Prieto (quien falleció) sufrió a manos de soldados hace diez años. “Su testimonio resonante aumenta seriamente las amenazas contra él, sus familiares, la familia de Víctor y sus cercanos”, denunció la organización defensora de Derechos Humanos francesa ACAT.
Óscar, de 27 años, dio a conocer que él y Víctor fueron arrestados por soldados el 26 de febrero de 2009 como parte de la “Operación Conjunta de Chihuahua”, un operativo de seguridad establecido desde 2008 hasta 2010.
Dicha operación permitió al ejército actuar como fuerza policial para combatir el crimen organizado. Óscar explicó que le hicieron “lo peor”, utilizaron diversos métodos de tortura, tales como golpes con tablas, ahogamientos, toques eléctricos y amenazas de muerte. Asimismo aseguró que presenció la muerte de su amigo Víctor, a quien le dio un paro respiratorio por la tortura sufrida y después le dieron un balazo.
El día 2 de marzo del año 2009 el General que estaba a cargo del Operativo Conjunto Chihuahua le dijo a Óscar que se habían equivocado al detenerlo y que era mejor que saliera de la ciudad y procedieron a dejarlo en libertad.
“Y no digas nada, de lo contrario serás ejecutado”, le advirtieron
De acuerdo a información obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO,Óscar afirmó haber presenciado el paro respiratorio de Víctor después de la tortura y posterior tiroteo.
Óscar dijo que fue liberado el 2 de marzo de 2009, después de que el general a cargo de la “Operación Conjunta de Chihuahua” admitiera que habían cometido un error al detenerlo, pero que era mejor para él abandonar la ciudad. “Y no digas nada, de lo contrario serás ejecutado”, le advirtieron.
Sin embargo, Óscar presentó una denuncia. Desde entonces, él y su familia han recibido amenazas constantes.
Una queja por desaparición forzada también fue presentada por los familiares de Víctor en marzo de 2009. Primero fue entregada a las autoridades militares y luego en 2012 a la Oficina del Fiscal General (PGR).
En abril de 2016, los servicios forenses finalmente reconocieron que los restos humanos descubiertos en octubre de 2009 tenían una correspondencia genética con el ADN dejado por los miembros de la familia de Víctor.
En relación a la ejecución extrajudicial, los restos óseos de Víctor Manuel fueron localizados en octubre del año 2009 en una brecha a 2 kilómetros de un retén militar en la carretera Panamericana.
En cuanto a la denuncia interpuesta en la PGR, la misma fue declinada ante la Sedena “por incompetencia”, en donde permaneció durante aproximadamente tres años.
Fue hasta el 2012 que la investigación nuevamente quedó a cargo de la Procuraduría en razón del criterio de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sobre la inaplicabilidad del fuero militar en casos donde exista un conflicto jurisdiccional entre autoridades civiles y militares, emanado de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
“Ninguno de los perpetradores de estas graves violaciones de derechos humanos han sido procesados”, ha denunciado ACAT-France.
Desde diciembre de 2006, México ha atravesado una crisis de derechos humanos muy grave con un índice de impunidad del 98%, según las propias palabras de la ONU. En el contexto de la “guerra” del gobierno contra el crimen organizado, “se ha dado prioridad a la “seguridad interna” sin un control real de la policía y el poder judicial y sin tener en cuenta el respeto de los derechos humanos”, señala la organización.
Muy preocupantes los numerosos casos de tortura que siguen ocurriendo en el país: ONU
Un comité de la ONU presentó un informe en el que considera “muy preocupantes” los numerosos casos de tortura que siguen ocurriendo en el país, muchos de ellos cometidos por las fuerzas de seguridad. Además, señalan las “graves deficiencias” en las investigaciones y la “persistencia de altos niveles de impunidad”.
En tanto, el Comité de la ONU contra la Tortura considera “muy preocupante” la situación en México por la alta incidencia que sigue teniendo esta práctica en el país.
Aunque toma nota de que la tortura no es una política de Estado, asegura que informes internacionales y nacionales documentan “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención”.
Se señaló que también preocupa que las confesiones obtenidas mediante tortura se utilizan contra los acusados como prueba de culpabilidad ante los tribunales. Por ello, han demandado al Gobierno “pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura”.
En el informe, el comité lamentó no haber recibido del Estado información completa sobre el número de denuncias por actos de torturas y malos tratos registradas durante el periodo en examen.
Según los escasos datos presentados por la delegación, en 2013 hubo 870 quejas de presuntos actos de tortura cometidos por miembros de la Policía Federal y 360 por malos tratos, mientras que en 2018 fueron respectivamente 466 y 40.
La delegación mexicana defendió que los programas de capacitación para miembros de los cuerpos de seguridad del Estado habrían contribuido a reducir el número de denuncias, pero el Comité “tiene serias reservas al respecto”, más aún, cuando el Estado “no ha presentado dato alguno relativo al periodo 2014-2017, ni información estadística desglosada”.
En enero, la FGR contaba con 4296 averiguaciones y 645 carpetas de investigación por tortura
Según los escasos datos oficiales disponibles, entre 2013 y 2018 se produjeron 220 muertes de personas privadas de libertad en centros penitenciarios federales, y 2531 en cárceles de las entidades federativas. El Comité lamenta que México “no haya presentado información estadística completa respecto de todo el periodo que se examina”.
El informe señaló “las graves deficiencias que presenta la investigación de actos de tortura y malos tratos”, y la “persistencia de altos niveles de impunidad”.
De acuerdo con los datos proporcionados por los representantes del Gobierno mexicano, en enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por el delito de tortura. Sin embargo, el Comité no ha recibido información completa sobre el número de casos en los que se ejercitó la acción penal, de los procesos judiciales y de los procedimientos disciplinarios abiertos.
El Comité ha instado al Estado mexicano a:
Garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean investigadas de manera pronta e imparcial por un órgano independiente;
Velar por que las autoridades inicien de oficio una investigación siempre que haya motivos razonables;
Velar por que los presuntos autores sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación;
Facilitar el acceso de las víctimas a la justicia;
Garantizar que los presuntos autores y sus superiores responsables de ordenar o tolerar las torturas sean enjuiciados debidamente y, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos.
En tanto, Human Rights Watch indica que es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. “La tortura se aplica frecuentemente en el período desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales”.
“Hay graves falencias en las investigaciones por tortura”
Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a más de 64.000 personas que, en 2016, estaban encarceladas en 338 cárceles de todo el país, el 64 % de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestada.
El 19 % de estas personas indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36 % haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; y el 59 % haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 % manifestó haber sido amenazados con la posibilidad de que hicieran daño a sus familiares.
Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Procuraduría General de la República inició más de 9.000 investigaciones sobre torturas. No obstante, son pocos los casos en los que quienes cometen torturas son llevados ante la justicia.
Hay graves falencias en las investigaciones. En marzo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una investigación en la que indicó haber hallado “fuertes elementos de convicción” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición, en 2014, de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En mayo, un juez federal determinó que los agentes del Ministerio Público no habían investigado adecuadamente pruebas de torturas contra personas detenidas en este caso. Al menos 10 organismos gubernamentales presentaron apelaciones contra la sentencia que, al momento de redacción de este informe, no habían sido resueltas.
En abril de 2017, la legislatura mexicana aprobó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, que procura combatir esta práctica y excluir de los procedimientos judiciales los testimonios obtenidos mediante tortura. A la fecha de redacción de este informe, la implementación de la ley estaba pendiente. Aunque la ley exigía que la Procuraduría General de la República contara, para diciembre de 2017, con la infraestructura necesaria para mantener un registro nacional sobre tortura, hasta agosto de 2018 esto no había ocurrido, señala el más reciente informe de Human Rights Watch, revisado por Revolución TRESPUNTOCERO.
Amnistía Internacional ha documentado numerosas técnicas de tortura y otros malos tratos utilizadas en México contra personas detenidas, incluidas mujeres y menores de edad. Entre ellas figuran:
– amenazas de muerte;
– amenazas contra familias de detenidos;
– simulacros de ejecución y amenazas de desaparición forzada;
– palizas;
– posturas en tensión;
– asfixia mediante bolsas de plástico o trapos mojados;
– introducción de agua con gas o chile por la nariz del detenido;
– descargas eléctricas;
– violación y otras formas de violencia sexual.
