La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) actuará de manera contundente contra Grupo México y su filial Ferromex por las afectaciones ambientales derivadas del descarrilamiento de uno de sus trenes en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, el cual provocó el vertimiento de más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio.
Durante una visita de supervisión a la entidad, la titular de la dependencia, Mariana Boy Tamborrell, adelantó que la empresa será objeto de sanciones administrativas y estará obligada a ejecutar un plan integral de restauración ecológica en el sitio del accidente.
»Estamos en procedimiento de la Profepa. Se hizo una limpieza inmediata que se requería en la zona. Vamos a ordenar sanción y reparación del daño», aseveró la funcionaria federal.
Limpieza inicial e inspección
Boy Tamborrell detalló que la Profepa ya concluyó una primera fase de respuesta de emergencia y evaluación. A lo largo de una semana, inspectores federales supervisaron los trabajos para retirar las góndolas siniestradas, el carro tanque involucrado y el concentrado de cobre que también se vio comprometido durante el descarrilamiento.
A partir de este momento, Ferromex contará con un plazo de 15 días para presentar de forma obligatoria un programa de remediación ambiental, enfocado en restaurar las condiciones del suelo y los ecosistemas locales. La procuradora enfatizó que el procedimiento legal no se resolverá con el mero pago de una sanción económica, sino que se exigirá el cumplimiento total de las obligaciones de reparación.
Respecto al impacto de las sustancias químicas en la población local, la titular de la Profepa precisó que el monitoreo sobre posibles afectaciones a la salud humana recae en las autoridades sanitarias del estado de Sonora. Asimismo, confirmó que una persona continúa hospitalizada tras el incidente, en espera del diagnóstico que emitan los análisis médicos correspondientes.
