- La glosa del Segundo Informe de Sheinbaum deja cifras en combate a la corrupción: Buen Gobierno reporta 83.8 mil mdp protegidos mediante prevención, 4 mil 193 servidores públicos sancionados y 53 vinculados a proceso.
La estrategia de prevención y combate a la corrupción del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido proteger 83 mil 800 millones de pesos de recursos públicos, mientras 4 mil 193 servidores públicos han recibido sanciones administrativas y otros 53 han sido vinculados a proceso, informó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
Al presentar los resultados de su dependencia como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, Buenrostro colocó la prevención como uno de los principales ejes de la política anticorrupción: detectar irregularidades antes de que el dinero público sea gastado, además de vigilar contrataciones, sancionar conductas administrativas y presentar denuncias cuando los hechos pueden constituir delitos.
83.8 mil mdp protegidos: compras y contratos concentran los resultados
De los 83.8 mil millones de pesos protegidos durante los primeros dos años de la administración, la mayor cantidad corresponde al seguimiento de la administración de contratos, con 42.2 mil millones de pesos.
Otros 29 mil millones de pesos derivaron de mejores procesos de compras públicas; 7.8 mil millones, de medidas de eficiencia en la organización gubernamental, y 4.8 mil millones de pesos, de sanciones.
Buenrostro explicó que una de las herramientas utilizadas en las compras públicas son los diálogos estratégicos con proveedores, con los que se busca ampliar la competencia y mejorar los requerimientos técnicos de las contrataciones gubernamentales.
“Cuando nos sentamos en el diálogo abierto con los proveedores, que ya están previstos en la ley los diálogos estratégicos, es mucho más abierta la competencia y es más clara la mejora de los anexos técnicos y de los requerimientos de gobierno, de tal suerte que no se puedan sesgar ni acotar las la limitación y la participación de los proveedores”.
La secretaria resumió el enfoque bajo el cual opera la dependencia: intervenir antes de que una irregularidad termine convertida en un gasto de recursos públicos.
“Prevenir es mejor resultado para todo el pueblo, para todos los mexicanos”.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó precisamente ese componente de la estrategia y explicó que la revisión puede comenzar desde las propias licitaciones, antes de que se concrete una contratación con irregularidades.
“Primero en la prevención de una mala actuación o de corrupción; si se evita, es decir, si ellos revisan alguna licitación que no viene bien desde el principio y que tiene problemas, de inmediato la paran”.
4 mil 193 servidores públicos sancionados
La prevención corre en paralelo con las sanciones. Desde octubre de 2024, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados administrativamente.
Del total, 3 mil 528 casos corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Entre las principales conductas detectadas se encuentran autorizar pagos indebidos, sustraer información bajo responsabilidad de funcionarios, aprobar pagos por bienes o servicios que nunca fueron entregados, realizar adquisiciones injustificadas, falsificar documentos y cometer hostigamiento o acoso sexual.
“Las principales causas de sanción de los servidores públicos son otorgar o autorizar pagos indebidos, traer información que está resguardada bajo su responsabilidad, que incluye datos personales; autorizar pagos por bienes o servicios que nunca fueron entregados; aprobar compras necesarias o hacer compras innecesarias, injustificadas”.
Además, mil 737 servidores públicos fueron enviados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De ellos, 87 ya fueron notificados como sancionados, mientras mil 650 procedimientos permanecen en curso.
517 denuncias y 53 vinculados a proceso
Los casos que pueden rebasar el terreno administrativo también han sido llevados ante las autoridades ministeriales. Buenrostro informó que durante este periodo se han presentado 517 denuncias contra servidores públicos, de las cuales 53 han derivado hasta ahora en vinculaciones a proceso.
Entre los delitos detectados por las autoridades aparecen enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
“Algunas faltas administrativas son delitos y van acompañados no sólo a tribunales para sanción administrativa, sino que se envían denuncias a la Fiscalía General de la República”.
La dependencia también reportó sanciones contra 286 personas morales: 222 recibieron inhabilitación y multa, mientras otras 64 fueron sancionadas únicamente mediante multas. Por estos procedimientos se impusieron 147.3 millones de pesos en multas.
Entre las irregularidades atribuidas a particulares se encuentran la presentación de documentación falsa, incumplimiento en la entrega de bienes y servicios contratados, simulación de experiencia técnica y ocultamiento de conflictos de interés.
A ello se agregan 51 particulares sancionados por infracciones relacionadas con datos personales, con multas que en conjunto alcanzan 118.5 millones de pesos.
Transparencia para el Pueblo resuelve 8 mil 222 recursos
Otro de los frentes presentados por Buenrostro fue el acceso a la información. El órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo ha resuelto 8 mil 222 recursos durante los primeros dos años de la administración.
Estos procedimientos corresponden a ciudadanos que no recibieron respuesta a una solicitud de información o consideraron insatisfactoria la proporcionada por alguna institución pública y recurrieron al organismo para solicitar una revisión.
Buenrostro señaló que actualmente 82% de los recursos presentados son admitidos, frente al 70% registrado anteriormente.
“De todos los recursos que hemos recibido se han resuelto ya en estos dos años 8 mil 222 recursos. Es importante decir que prácticamente todos los recursos se admiten, o sea, el 82 por ciento”.
Los resultados presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno colocan así dos rutas dentro de la estrategia federal: prevenir que los recursos públicos se gasten de manera irregular y actuar administrativa o penalmente cuando se detectan responsabilidades, con 83.8 mil millones de pesos protegidos, más de 4 mil servidores públicos sancionados y 53 vinculaciones a proceso durante la actual administración.
