El espionaje político históricamente se ha convertido en una estrategia implementada por los gobiernos para conocer los movimientos de sus opositores, tanto partidos políticos como activistas y periodistas, y en el caso de México esta práctica se implementó desde el gobierno de Miguel Alemán Valdés.
La institución legalizada para el espionaje conocida como el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) sustituyó en su momento a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), denominada como la policía política, fue en su tiempo implacable con los opositores al régimen presidencialista y fueron capaces de conocer movimientos de los principales dirigentes de la oposición.
En Estados Unidos esta práctica fue evidenciada a través de la multipremiada investigación periodística “Watergate”, la cual provocó la renuncia del presidente Richard Nixon, sin embargo, en México esta estrategia ha frenado a los opositores del presidente de la República.
Aunque el Cisen y en su tiempo la DFS tenían la función de garantizar la seguridad nacional para atender los problemas de delincuencia derivadas del crimen organizado, el espionaje político se empleó en contra de periodistas como Manuel Buendía, quien fue asesinado en 1984 por publicar la corrupción que permeaba entre el gobierno federal y el narcotráfico.
Otros periodistas investigados durante años fueron Julio Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa, Vicente Leñero, así como pensadores políticos como Daniel Cosío Villegas, críticos como Heberto Castillo, entre otros, por lo que los aparatos del Estado sirvieron para conocer la intimidad de los intelectuales.
El sexenio pasado se dio a conocer el sistema de espionaje implementado por Enrique Peña Nieto conocido como “Pegasus”, que espió a periodistas como Carmen Aristegui, así como otros periodistas críticos y activistas, mismo esquema que implementó el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por lo que es una práctica generalizada que trata de destruir cualquier tipo de disidencia.
Apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que también fue espiado, no sólo como opositor, sino también como mandatario federal en el Palacio Nacional, por lo que ahora la pregunta es ¿quién espía al gobierno?, pues durante años fue el Estado la instancia que vigilaba a los ciudadanos críticos y ahora que el gobierno dice no replicar esas estrategias tiene a espías en su contra.
Pese al discurso de López Obrador de abatir las viejas prácticas gubernamentales, en los estados esta condición parece estar lejos de concluir, pues los gobernadores han encontrado en este mecanismo la manera de controlar sus entidades y evitar cualquier disonancia que represente un riesgo para sus intereses políticos.
