La Cuarta Transformación va por la lucha frontal contra el lavado de dinero, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado áreas de oportunidad en la legislación las cuales buscan tener mayores facultades para solicitad información de sindicatos y fideicomisos que realicen una actividad vulnerable.
La UIF encabezada por Santiago Nieto Castillo, precisó que son necesarios algunos ajustes a la legislación con la finalidad atender las observaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo a México en su última evaluación al país, así como robustecer y mejorar el régimen nacional de la prevención del lavado de dinero para las actividades vulnerables.
Con base en información de El Economista, es necesario modificar la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o ley antilavado. Esta ley tendrá que ser modificada para quitar los candados para revisar los donativos que reciben los sindicatos y que se pueda solicitar información en cualquier escenario.
“La información de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por la Unidad de Inteligencia Financiera a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u órgano equivalente a nivel local”, se puede leer en el documento.
Actualmente los donativos recibidos por los sindicatos son considerados como actividad vulnerable sólo cuando son superiores a 1,605 UMAs, es decir poco más de 135,000 pesos. La ley actual establece que al convertirse en una actividad vulnerable, los donativos deben tener toda la información de sus clientes o usuarios y presentar los avisos correspondientes, por conducto del Servicio de Administración Tributaria a la UIF.
Respecto a las modificaciones para los fideicomisos, el objetivo es tener una mayor vigilancia sobre aquellos que realicen una actividad vulnerable como, por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles o el arrendamiento inmobiliario.
Este cambio obligaría a las personas que establezcan un fideicomiso a que realicen una de las 20 actividades vulnerables establecidas en la ley antilavado, a estar identificadas plenamente y según su tipo de operaciones, por lo cual l se presentarían los avisos necesarios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de la normativa.
De acuerdo con la última evaluación del GAFI a México existe un riesgo del uso indebido de fideicomisos, que generalmente son utilizados por extranjeros para comprar bienes e invertir en México, pues pese a que las instituciones financieras están obligados a identificar las diferentes partes de los fideicomisos, esto no es así con los beneficiarios.
Las organizaciones sindicales están obligadas a rendir cuentas a sus agremiados, no así a las autoridades laborales mencionó Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CEE).
