Natalia Antezana Bosques / @Natalia3_0
(20 de mayo, 2013).- En seis de los estados mexicanos, las tácticas represivas se han vuelto más visibles y ha incrementado su fecuencia. Sin embargo, su desarrollo se da de tal manera que, en muchos casos, se logra su legitimación aun cuando pareciera que la persecución es más fuerte y los desplegados más enérgicos contra los disidentes que contra el crimen organizado
Tres de estos estados pertenecen o se identifican con la corriente ideológica de izquierda, llegaron al poder gracias al voto popular de la gente, la misma que ahora es tratada como de gran peligro por oponerse a las políticas tanto locales como federales.
Represión es castigo a la libertad; es cohibir, impedir, silenciar. La represión, que frena un comportamiento y lo castiga si este se consuma, es también la que se aplica desde el estado y el poderoso, que se oponen a la libertad y a la tolerancia, con castigos a aquellos que disientan con su mandato.
La represión es una de las herramientas más utilizadas por los estados para acallar la voz de los incómodos. El estado y los gobiernos mexicanos no evaden esta regla ni por mucho, al contrario, parecería que es una receta que siguen paso a paso, hasta lograr lo deseado, a pesar de las muertes, las desapariciones y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los ciudadanos.
Uno de los pocos sectores de la población que se han atrevido a salir las calles y alzar la voz ha sido el movimiento de maestros en Guerrero. Después de la firma de la Reforma Educativa, miles de maestros y estudiantes de varios estados de la República salieron a las calles a manifestarse en contra de esta acción. Entre los magisterios disidentes, la CETEG empezó a ser protagonista en esta lucha, al informar el paro indefinido de actividades como muestra de repudio a la Reforma Educativa.
Entre las acciones de protesta, en demanda de la atención de las autoridades, los bloqueos de carreteras y las irrupciones a instalaciones públicas fueron parte clave de su estrategia. El gobierno estatal, encabezado por el ex priísta y ahora perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, en coordinación con el federal, desalojó a los maestros de los bloqueos realizados y detuvo a cuatro maestros líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), acusados de los delitos de sedición, motín, terrorismo y daños.
Axel Didriksson Takayanagui, especialista en educación e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en una entrevista para REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO explicó que el gobierno plantea un concepto de calidad educativa centrado en el desarrollo de competencias, que está basado en estándares internacionales que la OCDE ha impuesto en varias partes del mundo. Esto se contrapone con la idea de calidad social, de valor social de los conocimientos y aprendizajes, la cual defienden los maestros al afirmar que la calidad es distinta en la sierra de Guerrero a la de una escuela privada en las Lomas de Chapultepec o de una escuela primaria de una ciudad del norte del país.
Cabino Cué Monteagudo, quien encabeza el ejecutivo del estado de Oaxaca, también ha incurrido en actos de represión a la protesta social. Treinta y dos jóvenes fueron detenidos en la capital de Oaxaca luego de manifestarse en una marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en conmemoración del día del trabajo.
En otro sentido, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) ha denunciado hostigamientos en contra de miembros de su asamblea. Estos acechamientos son llevados a cabo por la misma autoridad, señalan los pobladores. Asimismo, exigieron la liberación inmediata de Alejandro Regalado Jiménez, quien permanece detenido. Señalaron que se han violado diferentes derechos humanos sistemáticamente.
En el Distrito Federal, la ciudad de vanguardia en los derechos sociales, también se ha expuesto a los gobiernos que ejercen represión contra los inconformes con las manifestaciones del primero de diciembre. Durante las protestas, detuvieron a más de 100 personas y, actualmente, 14 personas inocentes enfrentan a un proceso penal. La comisión de Derechos Humanos del D.F. emitió una recomendación a las autoridades capitalinas donde se especificaba y documentaba actos de represión, violencia de estado, tortura a ciudadanos, entre otras cosas.
Aunado a esto, a raíz de dichos acontecimientos, se estableció un protocolo de control a las multitudes, el cual ha sido severamente criticado por organismos de derechos humanos bajo el argumento de que es un protocolo que viola los derechos humanos y garantías individuales de las personas.
Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán desde principios del año 2012, también ha sido responsable del uso de la fuerza estatal en contra de los movimientos sociales: varios acontencimientos han marcado a su gobierno en la materia.
El desalojo y arresto, en una madrugada de abril, de 194 jóvenes de tres casas de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) dejó siete jóvenes heridos y 15 policías con quemaduras. Los jóvenes pedían transporte para trasladarse al interior del estado para repartir información sobre las casa de estudiantes e invitar a que se unieran.
Otro acto represivo se llevó a cabo en Cherán, Arteaga y Tiripetío, donde se detuvo a 176 estudiantes que fueron perseguidos, con el respaldo de un operativo de 1500 elementos policiales. La causa por la que luchan los estudiantes normalistas es la desaprobación de la reforma curricular.
Algo que ha marcado al estado de Veracruz son los asesinatos y desapariciones de periodistas. En lo que lleva el gobierno del priísta Javier Duarte Ochoa se han asesinado a 9 periodistas y 3 han desaparecido. Los reportajes a fondo, directos y veraces, resultan incómodos para la autoridades, que, en consecuencia, ejerce hostilidad, represión y censura.
También, a lo largo del estado, se han registrado diferentes represiones policiacas a manifestaciones de estudiantes, indígenas, comuneros. Una de las protestas reprimidas que más revuelo causó entre la juventud, fue la protesta del #YoSoy132, en los festejos independentistas del estado, en septiembre de 2012. Las y los estudiantes fueron golpeados y detenidos por elementos policiales de la entidad.
El gobierno de Puebla, encabezado por el panista Rafael Moreno Valle Rosas, ha resonado últimamente en las redes sociales después de que demandó a 3 jóvenes por publicar información sobre una protesta social. El pasado viernes les dictaron auto de formal prisión y se anunció que serán procesados, siendo que las únicas pruebas en su contra son unas publicaciones en facebook.
De acuerdo con el abogado defensor, existen contradicciones en las acusaciones, ya que la detención de los jóvenes fue un acto ilegal, pues se realizó sin contar con una orden. Además, no se presentó documentación alguna. Incluso el procurador de Puebla, Víctor Carrancá, informó que no se contaba con elementos para las detenciones.
Otro caso en materia de represión se registró en torno a las protestas que se han llevado a cabo contra las empresas hidroeléctricas. En Olintla, la Sierra Norte de Puebla, los pobladores se oponen a la edificación de dichos proyectos y, al negarse a la venta de sus tierras para tal motivo, los pobladores empezaron a sufrir hostigamiento por parte de la empresa, así como del gobierno municipal y estatal. Incluso amenazaron con despojarlos de sus tierras y de llevar al ejército con tal de abrirle paso a la empresa.
