El general en retiro y exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dejó de aparecer bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) a partir del pasado 11 de agosto, de acuerdo con el sistema de registro federal. La plataforma no detalló el estatus actual del exfuncionario ni confirmó si fue trasladado a otra instalación penitenciaria.
Mérida Sánchez se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en mayo y fue arrestado inicialmente el 5 de mayo en Arizona. Posteriormente, fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, sitio donde se centraliza su proceso penal.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si la modificación en su registro obedece a un traslado entre penales, a un cambio administrativo o a una posible negociación relacionada con su causa judicial.
Sin embargo, especialistas consultados por Milenio, señalaron que el cambio de status no significa que el general en retiro haya sido liberado. El escenario más probable es que siga bajo custodia federal, pero en preparación para su incorporación al programa de testigos colaboradores con el que cuenta el gobierno de los Estados Unidos.
Audiencia fue pospuesta de manera indefinida
Previo a este cambio, el imputado tenía programada una audiencia el 4 de agosto ante la jueza Katherine Polk Failla; sin embargo, la diligencia fue pospuesta de manera indefinida antes de que su nombre fuera retirado de los registros del BOP.
El exfuncionario, quien encabezó la Secretaría de Seguridad de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, figuraba además en la lista de funcionarios cuya extradición solicitaba el gobierno estadounidense por presuntos nexos con la facción de «Los Chapitos».
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa formalmente a Mérida Sánchez de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para la posesión de armamento de uso exclusivo.
De ser hallado culpable por estos cargos, el general en retiro podría enfrentar una pena máxima de hasta 40 años de prisión en Estados Unidos.
