La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las medidas de salud pública implementadas para combatir el consumo de alimentos ultraprocesados se mantienen firmes, a pesar de la masiva ofensiva legal emprendida por corporaciones nacionales y transnacionales.
El pronunciamiento se dio durante «La Mañanera del Pueblo», luego de que se mencionara una investigación de Quinto Elemento Lab y 11 medios internacionales, la cual revela que México es el principal campo de batalla legal de la industria de alimentos y bebidas, concentrando el 80 por ciento de los litigios globales.
De acuerdo con el reporte, se han interpuesto 1,933 demandas contra el etiquetado frontal de advertencia, el impuesto a refrescos y la prohibición de venta de estos productos en planteles escolares.
Al ser cuestionada sobre esta presión judicial, la mandataria puntualizó que la presentación de recursos no implica un fallo favorable para las empresas.
“No han procedido los amparos, eso es lo primero. Que presentes un amparo no quiere decir que el juez te dé la razón. Hasta ahora se mantienen los etiquetados y se mantiene el que en las escuelas no puedan venderse bebidas azucaradas ni productos que tengan un efecto en la salud de las y los niños”, afirmó Sheinbaum.
La mandataria lamentó que las grandes marcas prefieran litigar antes que reformular sus productos, señalando que el Estado tiene la obligación de intervenir ante la crisis sanitaria que atraviesa el país por enfermedades crónicas.
“Empresas transnacionales o nacionales deberían mejorar su producto para que fuera más alimenticio; si no lo hacen, pues entonces el Estado tiene que poner ciertos límites o cierta información. El consumo de alimentos chatarra ha provocado un daño en la salud de las y los mexicanos: somos de los países con más personas con diabetes o hipertensión”, sostuvo.
Sheinbaum remarcó que este deterioro en la salud poblacional se acentuó a partir de un periodo específico en la historia reciente del país, por lo que reiteró la necesidad de sostener las políticas de prevención y proteger a la población vulnerable mediante la restricción de estos productos dentro del entorno escolar.
