- René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz no lograron sacar del proceso siete testimonios, siete documentos y un peritaje; la FGR mantiene su acusación por la presunta captación ilegal de 800 millones de pesos de Segalmex y Liconsa mediante Corafi.
El expediente de Segalmex mantiene abierta una ruta contra empresarios que participaron en las operaciones financieras investigadas. René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz, accionistas de Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), perdieron una batalla judicial con la que buscaban excluir 15 pruebas del proceso penal que enfrentan por la presunta captación ilegal de 800 millones de pesos provenientes de Segalmex y Liconsa.
La resolución permite a la Fiscalía General de la República (FGR) conservar siete testimonios, siete documentos y un peritaje, incluido material relacionado con una opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que considera que existen elementos para proceder por la presunta captación indirecta de recursos sin la autorización correspondiente. Los empresarios están vinculados a proceso desde diciembre de 2023, aunque hasta ahora no existe una sentencia que determine su responsabilidad penal.
800 millones llevaron la investigación de Segalmex hasta Corafi
La vertiente del caso tiene su origen en operaciones realizadas entre febrero de 2019 y junio de 2020, periodo durante el cual recursos públicos administrados por Segalmex y Liconsa fueron destinados a la adquisición de certificados bursátiles privados.
De acuerdo con la imputación de la FGR, René Gavira Segreste, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, autorizó mediante cartas de instrucción operaciones para colocar el dinero público en esos instrumentos a través de una casa de bolsa.
Los recursos terminaron vinculados a un fideicomiso en el que Corafi figuraba como fideicomitente. La operación ofrecía un rendimiento fijo anual de 11%, con pagos programados cada seis meses, pero posteriormente fue objeto de observaciones e investigaciones por parte de las autoridades.
El punto que llevó a los accionistas de Corafi al proceso penal es distinto al atribuido a los antiguos funcionarios de Segalmex: la FGR investiga si la empresa recibió o captó esos recursos sin estar legalmente autorizada para hacerlo.
Los Dávila intentaron sacar 15 pruebas del expediente
La defensa de René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz buscó impedir que una parte sustancial del material reunido por las autoridades pudiera ser utilizada durante el procedimiento.
El intento alcanzaba 15 elementos probatorios: siete testimonios, siete documentos y un peritaje.
Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que mantener esas pruebas dentro del proceso no constituye por sí mismo una violación a los derechos fundamentales de los acusados.
El resultado es concreto: la FGR conserva las 15 pruebas y puede utilizarlas mientras continúa el procedimiento penal.
Entre los elementos que permanecen dentro del expediente destaca una opinión de delito de Hacienda, relevante para determinar si existieron operaciones de captación de recursos realizadas sin la autorización requerida.
Hacienda pone bajo la lupa la captación de recursos
La naturaleza de Corafi como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) ocupa un lugar central en la acusación, pues esa figura jurídica no implica automáticamente autorización para captar recursos del público.
Durante una audiencia del caso, la Fiscalía hizo referencia a una opinión de la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre la situación de la empresa:
“No se encontraban autorizados ni regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.
La FGR busca utilizar este elemento junto con el resto del material probatorio para sostener que Corafi habría participado en la captación indirecta de los recursos públicos involucrados en la operación de 800 millones de pesos.
Será durante el proceso cuando corresponda determinar el valor jurídico de esa opinión, la legalidad de las operaciones y la eventual responsabilidad de cada uno de los acusados.
El caso Segalmex alcanza a funcionarios y empresarios
La investigación de esta operación permite seguir una cadena que no termina en quienes administraban los recursos públicos.
Por un lado aparece René Gavira Segreste, a quien la Fiscalía atribuye decisiones tomadas desde la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex. Por otro están René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz, investigados por su participación como accionistas de Corafi.
La diferencia resulta clave: Gavira es investigado por las instrucciones emitidas desde el organismo público, mientras los Dávila enfrentan acusaciones relacionadas con la participación de la empresa en las operaciones financieras.
Los 800 millones de pesos corresponden sólo a una de las vertientes del caso Segalmex. Las investigaciones generales abarcan distintas operaciones, contratos, adquisiciones e inversiones, por lo que este monto no representa la totalidad de los recursos sujetos a investigaciones relacionadas con el organismo.
Segundo revés judicial para los empresarios
La resolución sobre las 15 pruebas no es el primer fallo adverso que enfrentan los accionistas de Corafi. En febrero de 2025, otro tribunal rechazó un recurso mediante el cual pretendían revertir su vinculación a proceso.
Ahora tampoco consiguieron retirar el conjunto de testimonios, documentos y el peritaje que buscaban impedir que llegaran a las siguientes etapas del procedimiento.
Eso deja a la FGR con las 15 pruebas dentro del expediente y el proceso penal en marcha por la operación de 800 millones de pesos.
La resolución, sin embargo, no equivale a una declaración de culpabilidad. Los empresarios podrán controvertir las pruebas, presentar las propias y ejercer los recursos previstos por la ley. Hasta que exista una sentencia firme, René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz mantienen la presunción de inocencia.
El nuevo revés judicial significa, por ahora, que la investigación sobre los 800 millones de pesos de Segalmex mantiene abierta su vertiente empresarial, con los accionistas de Corafi vinculados a proceso y con las 15 pruebas que pretendían excluir todavía disponibles para la acusación de la FGR.
