La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación formal ante una presunta contingencia sanitaria registrada en el comedor de médicos residentes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, con el objetivo de deslindar responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos de la institución y de la empresa privada encargada de prestar el servicio subrogado de alimentos.
Las indagatorias, conducidas a través del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud, comenzaron de manera oficial el pasado 3 de septiembre, mientras que las instalaciones del comedor se mantienen clausuradas desde el 1 de septiembre como medida preventiva mientras avanzan las diligencias de las autoridades.
El expediente de investigación se originó de manera oportuna tras la difusión de reportes médicos que alertaban sobre un grupo de médicos residentes que presentaron síntomas gastrointestinales severos, de los cuales algunos requirieron hospitalización y atención médica de urgencia.
Como parte de las primeras acciones de recopilación de pruebas, personal del OIC efectuó una visita de verificación el 4 de septiembre en las instalaciones del nosocomio con el fin de asegurar documentación técnica, testimonios del personal afectado y evidencias materiales, además de auditar exhaustivamente los procesos de recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos servidos en el lugar.
La dependencia federal precisó que la investigación se encuentra actualmente en su etapa de integración, por lo que todavía se está a la espera de los resultados oficiales de los análisis de laboratorio clínicos y epidemiológicos solicitados a las diversas áreas del Hospital General de México.
Por tal motivo, las autoridades subrayaron que hasta este momento no existe un dictamen definitivo que señale la causa exacta de la intoxicación masiva ni se han fincado responsabilidades legales conclusivas; sin embargo, advirtieron que el expediente se mantendrá abierto para determinar las sanciones correspondientes contra la persona moral prestadora del servicio y contra los funcionarios públicos que hayan incurrido en omisiones a las medidas sanitarias vigentes.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró su compromiso de dar un seguimiento estricto al caso bajo criterios de objetividad, rigor técnico y total apego a derecho para garantizar la seguridad del personal de salud.
El Órgano Interno de Control continuará cruzando información para precisar el número total de médicos residentes afectados, supervisar su evolución clínica y evaluar si los protocolos de contingencia adoptados por los mandos directivos del hospital se ejecutaron de manera adecuada y oportuna ante la emergencia.
