- El CSIM informó que su objetivo fue evitar el desarrollo del encuentro y posteriormente anunció que recurrirá a mecanismos jurídicos para defender sus planteamientos
Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) impidieron la realización de un foro convocado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para discutir la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al señalar que el procedimiento deja fuera a 109 comunidades de la entidad.
Los inconformes sostuvieron que el catálogo utilizado por el INPI contempla alrededor de 391 comunidades michoacanas, mientras que existen cerca de 500 que se identifican como indígenas. Afirmaron que la exclusión impide que una parte de los pueblos participe en un proceso que pretende establecer el marco legal de sus derechos.
La protesta ocurrió en instalaciones del INPI en Michoacán. El CSIM informó que su objetivo fue evitar el desarrollo del encuentro y posteriormente anunció que recurrirá a mecanismos jurídicos mediante el Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua para defender sus planteamientos.
Entre los cuestionamientos también está la metodología. Las comunidades consideran insuficiente que una propuesta de 453 artículos sea revisada durante reuniones de aproximadamente cinco horas. Sostienen que una consulta de esta naturaleza debe desarrollarse de acuerdo con los tiempos y formas de organización de cada pueblo, además de pasar por las asambleas generales, consideradas sus máximas instancias de decisión.
Otro punto de desacuerdo es el carácter de las opiniones recopiladas. El Consejo reclama que las determinaciones alcanzadas durante el proceso tengan efectos vinculantes y no sean únicamente insumos que posteriormente puedan ser aceptados o descartados por las autoridades federales.
El proceso nacional fue convocado por el INPI para consultar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre la iniciativa que reglamentará las disposiciones del artículo 2 constitucional, reformado en 2024. La convocatoria oficial contempla consultas en 82 regiones indígenas y establece mecanismos de participación para integrar propuestas de las comunidades.
La inconformidad en Michoacán se extendió a otras sedes. Reportes locales señalaron que comunidades también impidieron la realización de encuentros previstos en Pátzcuaro y Cherán Atzicuirín, convocados para el 6 de septiembre.
El CSIM también planteó que la nueva legislación debe garantizar derechos relacionados con libre determinación, presupuesto directo, seguridad, justicia y protección de los territorios y recursos naturales. Su dirigente, Pavel Guzmán, sostuvo que el proyecto presenta omisiones respecto de las demandas históricas de los pueblos originarios.
Hasta el momento, las comunidades mantienen su exigencia de modificar el mecanismo de consulta para incorporar a los pueblos que consideran excluidos y garantizar que las decisiones surjan de sus propias asambleas. El proceso nacional deberá continuar mientras las autoridades y las organizaciones indígenas buscan resolver las diferencias sobre la metodología y los alcances de la participación comunitaria.
