Óscar Balderas / @oscarbalmen
(14 de junio, 2013).- Las detenciones durante la marcha del #10DeJunio han dejado otro saldo negativo para el gobierno del Distrito Federal: la pelea entre el ombudsman capitalino, Luis Armando González Placencia, y el secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida.
El “primer round” ocurrió el 12 de junio, dos días después de que la policía capitalina detuvo a 22 jóvenes presuntamente responsables de dañar propiedad gubernamental, atacar policías y alterar la paz pública, mientras marchaban en conmemoración del “halconazo” de 1971.
Aquel miércoles, González Placencia informó que al interior del organismo a su cargo se analizaba iniciar una investigación sobre un supuesto abuso en el uso de la fuerza y posibles detenciones arbitrarias, lo que encendió el ánimo de Rodríguez Almeida.
Menos de 24 horas después hubo una respuesta del secretario, quien llamó “sesgadas” y “parciales” a las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
“Nunca toma en consideración las aportaciones que se le hacen respecto de la actuación, sino simplemente las de sus quejas y el material que lo apoya de manera parcial, que considera pertinente para su recomendación”, criticó en el “segundo round”.
Y defendió la actuación de su policía, pese a que activistas como Jesús Robles Maloof documentaron al menos un par de detenciones arbitrarias y a que la misma Procuraduría capitalina admitió que no pudo fincar responsabilidades a 15 detenidos.
Este viernes, un “tercer round”: Placencia afirmó que la policía “se tardó en actuar” y que lo dicho por el secretario es “insostenible”.
“Las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se basan en un trabajo técnico profesional y están alejadas de cualquier apreciación política”.
“Para la CDHDF es insostenible lo dicho por el secretario de Seguridad Pública capitalino en torno a la inconsistencia técnica de las investigaciones de este organismo, ya que están fundamentadas en un vasto acervo probatorio que incluye videos, radio comunicaciones, bitácoras policiales, informes solicitados, la orden general de operaciones y más de 50 testimonios recabados a mandos policiales y elementos de tropa”, rebatió la CDHDF.
Calificó la actuación de la SSPDF como “deficiente” y llamó a “evitar que se sigan consumando detenciones arbitrarias sobre personas que no agredieron a los uniformados”.
Este sábado, se espera que salgan bajo fianza los 7 consignados por la procuraduría local, a quienes entrevistará la comisión para conocer si mientras fueron privados de su libertad se violaron sus derechos humanos.
Un “cuarto round” está por pelarse.
