- Buen Gobierno busca reparar un daño por más de 65 mdd desviados de la extinta Policía Federal: dos exmandos fueron inhabilitados hasta por 20 años y enfrentan indemnizaciones; la FGR mantiene abierta la investigación penal.
Un desvío de más de 65 millones de dólares de la extinta Policía Federal está ahora bajo un proceso de reparación del daño, después de que investigaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acreditaran faltas administrativas graves relacionadas con recursos que debían cubrir obligaciones de un contrato firmado en diciembre de 2015, pero cuyo pago fue desviado.
La secretaria Raquel Buenrostro presentó el caso entre los expedientes emblemáticos investigados por su dependencia. El resultado hasta ahora incluye inhabilitaciones de 15 y 20 años contra dos antiguos altos mandos, indemnizaciones económicas que en conjunto superan los 65 millones de dólares y una denuncia penal que permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
65 mdd salieron para cubrir obligaciones de un contrato
El origen del expediente se remonta a 2015, durante la administración de Enrique Peña Nieto. La entonces Policía Federal celebró un contrato para la prestación de servicios con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.
De acuerdo con la investigación de Buen Gobierno, más de 65 millones de dólares fueron desviados del pago que debía utilizarse para cubrir obligaciones derivadas de ese contrato.
La relevancia del expediente está precisamente en la ruta del dinero: los recursos públicos fueron destinados al cumplimiento del contrato, pero el pago correspondiente fue desviado, conducta por la que posteriormente se acreditaron faltas administrativas graves contra dos exservidores públicos.
El contrato completo estaba relacionado con servicios de seguridad e inteligencia y, de acuerdo con la información presentada este martes por Buenrostro, ascendía a 130 millones de dólares.
Inhabilitaciones de 20 y 15 años para dos exmandos
Las investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno derivaron en procedimientos contra dos antiguos integrantes de la cúpula de la corporación.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una inhabilitación de 20 años a Frida “M.”, exsecretaria general de la Policía Federal, además de una indemnización económica.
En el segundo caso, Damián “C.”, extitular de la División de Inteligencia, recibió una inhabilitación por 15 años y también una indemnización económica.
Las indemnizaciones impuestas a ambos superan en conjunto los 65 millones de dólares, con lo que las resoluciones buscan responder también por el daño económico derivado del manejo irregular de los recursos públicos.
El expediente también llegó a la FGR
El caso no quedó únicamente en el terreno administrativo. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó además una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, que mantiene abierta una investigación sobre los hechos.
Esto significa que el expediente avanza por dos vías diferentes: las responsabilidades administrativas que ya produjeron inhabilitaciones e indemnizaciones económicas y la investigación penal de la FGR, de la que podrían desprenderse otras responsabilidades.
El caso forma parte de los resultados presentados por Buenrostro sobre los primeros dos años de la actual administración, periodo en el que la dependencia reportó acciones tanto para sancionar irregularidades consumadas como para impedir que recursos públicos sean comprometidos mediante contrataciones con anomalías.
En ese segundo frente, la Secretaría informó que las medidas preventivas han permitido proteger 83.8 mil millones de pesos, principalmente mediante mejores procesos de compras públicas, seguimiento de contratos, sanciones y medidas de eficiencia gubernamental.
El expediente de la extinta Policía Federal representa la otra cara de esa estrategia: rastrear recursos que ya fueron desviados, sancionar administrativamente a los responsables y llevar los hechos ante la FGR, mientras las indemnizaciones impuestas buscan responder por más de 65 millones de dólares de recursos públicos.
