A través de un convenio de colaboración entre la Secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ambas dependencias acordaron que el Registro Nacional de Población e Identidad valide, por medio de la Clave Única de Registro de Población (CURP), los datos de las personas que integran la base de datos del Registro Nacional de Detenciones, de esta forma “quedó atrás la era de las desapariciones forzadas, de la tortura y la represión”
Al respecto el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, enfatizó que el impulso de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, obliga a las instituciones a contar con un registro inmediato y descentralizado de las personas detenidas por delitos federales. Además busca mejorar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.
“Nuestro compromiso fue dejar atrás la era de las desapariciones forzadas, de la tortura y la represión como método para obtener confesiones de presuntos delincuentes”, señaló
La titular de la @SEGOB_mx, @M_OlgaSCordero, y el secretario de @SSPCMexico, @AlfonsoDurazo, firmaron un convenio de colaboración para facilitar el intercambio de información entre instituciones e impulsar la estrategia de seguridad del Gobierno de México.https://t.co/4TApXlOx0A pic.twitter.com/716ga27RM6
— Gobernación (@SEGOB_mx) October 22, 2020
En tanto la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, indicó que con estas acciones se fortalecen las capacidades de actuación e investigación de la policía, además se facilitará la consulta de información a través de los registros y bases de datos nacionales de seguridad pública.
“El objetivo es lograr un óptimo y eficiente suministro de información con los servicios web de la CURP, a fin de validar los datos de identidad de las personas cuyos nombres integran el Registro Nacional de Detenciones. De ahí la gran importancia de la firma de este convenio”, comentó.
Asimismo precisó que se promoverá la adopción, uso y certificación de la CURP, con lo que se permitirá la validación en tiempo real y de esta forma permitirá confrontar los datos con la Base de Datos Nacional.
“La firma de este convenio responde a la estrategia de encontrar nuevos caminos que nos permitan enfrentar el problema de seguridad, siempre en el marco de la legalidad y respetando en todo momento los derechos humanos”, expresó
