El Congreso del estado de Oaxaca, exhortó al titular de la Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se fincar responsabilidades en contra del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y de quien fuera su secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión contra el movimiento social y magisterial de 2006.
A 14 años de los hechos, la LXIV legislatura local exigió castigo contra quienes operaron la represión de 2006, además pidieron al gobernador a facilitar el acceso a la justicia sobre los crímenes de Estado cometidos en ese periodo y le solicitaron separar de forma inmediata a funcionarios que participaron en esos hechos, debido a que algunos hoy forman parte de su gabinete.
El Congreso Local también solicitó investigar y en su caso sancionar a los fiscales generales del estado de Oaxaca por omisiones para investigar los delitos cometidos por servidores públicos en el periodo referido, esto debido a que de acuerdo con el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hubo 383 personas arrestadas, 20 asesinatos y 87 lesionados.
De acuerdo Proceso el 14 de junio de 2006 siete grupos y armados con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras conformados por 886 elementos de la Policía Estatal Preventiva, irrumpieron a las 4:30 de la madrugada en el Zócalo de la capital del estado, con el objetivo de desalojar a los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
“La policía ocupó la plaza durante tres horas y media, luego de que los mentores se desplazaron a las 56 calles aledañas, donde tras reagruparse volvieron al Zócalo y obligaron a la policía a salir corriendo.
El saldo del fallido operativo, según el informe de la Suprema Corte, fue de 143 personas lesionadas –102 policías, 30 maestros, un estudiante y 10 civiles– y ocho rehenes, publicó Proceso.
Además refiere que el desalojo ordenado por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz y ejecutado por su secretario general Jorge Franco Vargas y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, José Manuel Vera Salinas, motivo al surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Por estos hechos la SCJN documentó alrededor de 33 operativos policiales que derivaron en enfrentamientos, finalizando el conflicto el 25 de noviembre con el desalojo violento de los manifestantes, en el que fueron detenidas 139 personas.
Sin embargo durante el periodo de confrontación fueron arrestadas 383 personas, de las cuales a 221 se les dictó auto de libertad por falta de elementos. Además por este conflicto se documentaron 11 asesinatos directos, nueve indirectos, así como 87 lesionados de los cuales 15 eran civiles, 8 periodistas, 62 elementos de la PFP y dos policías municipales.
Tras el análisis del tema, la SCJN determinó que con motivo de los eventos existía “la presunción de que las autoridades federales, estatales y municipales incurrieron en violaciones graves de las garantías individuales y derechos fundamentales, que tuvieron un impacto trascendente en la forma de vida del estado de Oaxaca”.
Destacan violaciones a la libertad de tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información, pero también probables excesos de las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales. Asimismo, “las probables omisiones o pasividad de las autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona de que se trate”.
