Natalia Antezana Bosques /@Natalia3_0
(26 de julio, 2013).- El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) cumple 10 años en la lucha por la defensa de sus tierras ante el Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, ubicado sobre el cauce del río Papagayo, a 30 kilómetros de Acapulco.
“La tierra no se vende” es el lema principal del movimiento campesino, que dio inicio el 28 de julio de 2003, cuando bloquearon las carreteras en oposición a la construcción del muro de contención o cortina de la presa.
“Estamos defendiendo nuestro territorio, los recursos naturales, y no queremos que sean desplazados nuestros hermanos indígenas. Pretendían inundar 16,300 hectáreas, más de 40 comunidades donde viven 25,000 campesinos”, informó Felipe Flores Hernández, vocero de la CECOP, en una entrevista a PBI (Peace Brigades International) México, en el año 2010.
El movimiento nació en una asamblea en Cacahuatepec donde los comuneros le preguntaron al encargado del proyecto de ese entonces, Carlos Pérez Aguirre, quién había autorizado la presa. Éste les respondió que había sido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua.
“Pero las tierras son nuestras, de los comuneros, y estas entidades no tienen derecho a meterse en ellas ni a dar permisos”, reviró el vocero mientras recordaba los inicios de la organización campesina.
En estos años de resistencia, miembros del CECOP sufrieron represión, agresiones y amenazas, que se materializaron con el asesinato de Tomás Cruz Zamora en 2005, Eduardo Maya Manrique en 2006 y Benito Cruz Jacinto en 2007.
El próximo 28 de julio, los integrantes de la CECOP festejarán su décimo aniversario con una marcha que saldrá de la entrada de Amatillo, Guerrero. Después de la manifestación se realizaraá una misa y una concentración donde se reseñarán los 10 años de resistencia.
En el cartel de invitación al evento, con fondo negro y letras blancas, se puede leer “Nuestro triunfo es el suyo. Gracias por su solidaridad”; en agosto del año 2012 los comuneros y el gobernador Ángel Aguirre Rivero firmaron un acuerdo para cancelar definitivamente la obra.
