Valentina Pérez Botero / @vpbotero3_0
(27 de julio, 2013).- 55 madres colombianas sostienen en sus brazos niños de casi cuatro años de edad. Además de compartir la maternidad, al medio centenar de mujeres las une un engaño: la Empresa Social del Estado (ESE, centro de salud pública) Jaime Alvarado Castillo, les distribuyó anticonceptivos adulterados.
Las integrantes de la Asociación de Mujeres Víctimas de la Falsificación de Medicamentos (Asmavifami), la mayoría de escasos recursos, pidieron esta semana atención integral del Estado colombiano que incluya la manutención de sus hijos no planeados.
Aunque los embarazos no deseados se gestaron en el 2008, las familias afectadas aún no reciben ninguna ayuda por parte del gobierno de Colombia ni indemnización por el agravio que el contrato fraudulento con una red de distribución engañosa les causó.
En el 2009 un juzgado de Cundinamarca condenó a Henry Castillo Díaz, responsable de los medicamentos, pero esa muestra de justicia no drenó hasta las madres. Cuatro años después han recibido sólo promesas de candidatos y una despensa de no más de 10 dólares.
Nofertyl, anticonceptivo hormonal inyectable que supuestamente se les suministró a las 55 mujeres, suele tener una efectividad de alrededor del 99 por ciento. Cuando las mujeres que planificaban empezaron a aparecer ante el ESE, las mismas autoridades pensaron que sus pruebas de embarazo –de orina– eran falsas, pero los ultrasonidos confirmaron fetos que hoy son hijos de madres que no tenía recursos para criarlos.
