Valentina Pérez Botero / @vpbotero3_0
(27 de julio, 2013).- En una sala llena de académicos, víctimas de la violencia de la guerra civil de Colombia, magistrados y políticos, el presidente del país sudamericano, Juan Manuel Santos, se adelantó a pedir perdón: “Nuestra función como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, tanto mayor es nuestra responsabilidad”.
El discurso de Santos se da en un punto crítico del conflicto civil colombiano: en medio de los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante la discusión sobre el marco jurídico para la paz –los partidarios lo consideran un eslabón indispensable para terminar con la violencia; mientras los detractores dicen que auspiciará la impunidad–, y días después de la publicación del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.
“Debemos reconocer que tocamos fondo y que la guerra se deshumanizó y nos deshumanizó” continúa Santos al insinuar la aceptación de que las instituciones de Estado también violaron los Derechos Humanos, hecho que resulta llamativo, pues a principios de mes el presidente consideró prescindir de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en el país. Este reconocimiento también parece contradictorio al considerar su trayectoria política: Santos fue, en el último cuatrienio de su sucesor, Ministro de Defensa y responsable de lo que se conoció en los medios como “falsos positivos” –asesinatos de civiles que eran contabilizados como bajas de los grupos insurgentes.
El discurso de Santos pudo estar motivado por una de las recomendaciones que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica (Descarga aquí el informe completo) después de revelar que 50 años de enfrentamiento –entre Estado, guerrilla y paramilitares– dejaron un saldo de 220 mil muertos, de los cuales 82 por ciento (180 mil) son civiles.
Aunque el Ejecutivo colombiano aceptó su responsabilidad, no perdió la oportunidad para repartirla: instó a las FARC, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a los grupos paramilitares a admitir su parte de culpa.
Santos se encuentra entre quienes piensan que el Marco Jurídico para la Paz es indispensable para alcanzar un acuerdo que permita desmovilizar a los grupos armados que asaltan la tranquilidad del país, por lo que el discurso con audiencia tan propicia bien podría ser un paso estratégico para lograr el acuerdo político que necesita la normatividad.
