(24 de junio, 2021. Revolución TRESPUNTOCERO).- Jalisco es actualmente la entidad con mayor número de personas desaparecidas a escala nacional. En 2020 se reportaron 11,448 casos, una crisis de seguridad a la que se sumó la de la identificación de cuerpos y restos humanos, así como los hallazgos de fosas clandestinas.
A finales de septiembre de 2020, la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, informó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.
“La fosa sigue trabajándose, continuamos los procesamientos. Al momento se han obtenido ocho lotes de segmentos óseos. Se ha obtenido de la misma manera una osamenta que es de data larga y cinco personas fallecidas sin identificar”.
Nueve meses antes, el 23 de diciembre de 2019, Martín Mendoza Real, de 45 años de edad, salió de su domicilio en Chapala, Jalisco, para encontrarse con unos clientes a quienes les informaría el presupuesto por un trabajo de pintura, oficio al que se dedicaba.
“Él no tenía ánimos de salir por la víspera de las fiestas decembrinas, estábamos preparando todo para celebrar el 24 de diciembre, pero finalmente fue a ver a los clientes. Uno de mis hijos se preocupó al ver que su padre había ido solo a reunirse con clientes desconocidos.
“Por eso contacté a mi otro hijo, José Martín Mendoza Celi, de 23 años de edad, dedicado a la cobranza. Le dije que fuera en su moto a buscar a su papá y así lo hizo. Llegadas las ocho de la noche comenzamos a preocuparnos porque no llegaban, aunque pensamos que tal vez habían pasado a convivir con algunos amigos; sin embargo, los teléfonos de ninguno de los dos tenía conexión”, narra a Revolución TRESPUNTOCERO, Silvia Alejandra Celis González, esposa de Martín y madre de José Martín.
Llegó el amanecer del 24 de diciembre y Silvia desconocía el paradero de su esposo e hijo. Fue cuando se dirigió a la policía municipal para solicitar apoyo para el rastreo. También pidió ayuda por medio de las redes sociales.
De inmediato su teléfono comenzó a sonar.
“Eran personas que creo que querían extorsionarme porque me decían que sabían dónde estaban o que ellos los tenían y pedían dinero. Cuando yo preguntaba cómo eran me colgaban enojados, pero antes me amenazaban diciendo que los iban a tirar en mi puerta”, recuerda.
Silvia no sabía a dónde recurrir para interponer una denuncia por desaparición en Chapala, así que se dirigió al ayuntamiento. Sin embargo, le dijeron que ahí no podían auxiliarla y tampoco le dieron algún tipo de información que ayudara en su búsqueda porque “era 24 de diciembre y no había personal”.
Al día siguiente viajó a Guadalajara, donde denunció los dos casos ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.
“Me dijeron que estaba mal si pensaba que los iba a encontrar rápido, que era un proceso largo, que muchas veces ni siquiera encontraban a los desaparecidos, que tuviera en cuenta que había pocas esperanzas”, comenta Silvia.
Mientras esperaba respuesta de la fiscalía, Silvia y una comitiva de familias se dirigieron a hablar con el presidente municipal de Chapala y pedirle que ayudara con el rastreo.
“Nos dijo que no podía hacer nada, que las desapariciones ya se habían salido de control y no solamente mi esposo y mi hijo estaban desaparecidos. Por esas fechas hubo un aumento de personas que no volvían a sus hogares. Comenzamos a escuchar que los llevaban a los cerros o a ranchos en la periferia y ninguna autoridad local ayudaba. Ahí supe que los desaparecidos no le importan a nadie más que a sus familias”, comenta Silvia.
Agrega que, cuando finalmente las autoridades estatales los acompañaron a una búsqueda, la Guardia Nacional comenzó a videograbarla, y también le pidieron su dirección y ubicación: “Me sentí acechada y me alejé de esa opción de ayuda”.
Pasaron siete meses de la desaparición de Martín y José cuando Silvia conoció los grupos de búsqueda de cuerpos y personas desaparecidas a los cuales se unió. Sin embargo, señala que los rastreos se han llevado a cabo con mayor lentitud derivado de los ataques que se han suscitado entre grupos armados.
En septiembre de 2020, Silvia contó su caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Horas más tarde la fiscalía le comunicó el hallazgo de una fosa clandestina en Ixtlahuacán de los Membrillos.
“Me dijeron que habían encontrado prendas similares a las que yo mencioné en la denuncia por la desaparición de mi esposo e hijo. Querían que yo las identificara, pero cuando me enseñaron lo que supuestamente correspondía a mi hijo, lo único que me mostraron fue la etiqueta de un pantalón con lo cual era imposible identificarlo.
“De mi marido sí me mostraron prendas de ropa, pero exigí que hicieran los estudios de ADN para corroborar su identidad. Aunque aceptaron, me dieron largas porque estábamos en pandemia, después porque no había personal suficiente, también hubo casos covid-19 dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que es a donde llevaron los cuerpos y restos que localizaron en Ixtlahuacán”.
A lo anterior se suma, de acuerdo con la información que le han proporcionado en el IJCF a Silvia, que varias decenas de cuerpos llegan a diario y “es imposible con poco personal poder atender todos los casos; esa es solamente burocracia que no siente el dolor de las familias de las víctimas”.
Hace aproximadamente tres meses Silvia acompañó a otra de sus compañeras a identificar un cuerpo en el IJCF, ahí volvió a insistir en su caso y argumentó que desde septiembre del año pasado esperaba una respuesta para saber si los cuerpos identificados eran o no de sus familiares.
Silvia volvió a pedir más elementos para identificar el cuerpo de su hijo “porque un pedazo de etiqueta no significaba nada” y los estudios de ADN se habían retrasado varios meses. Volvió a repetirle al personal de búsqueda cómo iba vestido su hijo y alguien la interrumpió.
“Tenemos una prenda como la que nos comenta”, le dijeron a Silvia, y fue hasta ese momento que le mostraron otras prendas, entre ellas un zapato, lo que le llevó a solicitar una prueba de ADN del cuerpo.
Con los elementos identificados por Silvia y los resultados de ADN que llegaron seis meses después, y antes que los de su esposo, se demostró que el cuerpo correspondía al de su hijo José Martín. El 30 de abril el joven fue sepultado por su familia.
“La angustia terminó de esa manera, aunque sigo con la de mi marido porque tengo que seguir luchando y exigiendo que me entreguen los resultados de las pruebas que lo identifiquen plenamente”, explica Silvia.
¿QUIÉNES SON?
En Jalisco, la pregunta constante de las familias de personas desaparecidas es: ¿Dónde están? Y ahora se ha sumado una directamente para el IJCF: ¿De quiénes son los cuerpos que ahí se resguardan?, según comenta en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, Francisco Campos García, integrante del área de investigación del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (Cepad).
Durante 2017, el IJCF reportó el ingreso de cinco partes de cuerpos humanos en sus instalaciones (estas pueden ir, según los forenses, desde una mano y un trozo de pierna, hasta un cráneo y una muela). En 2018 esa cifra aumentó a 18, durante 2019 creció a 259, y en 2020 el total fue de 688. En 2018 esa cifra continuó al alza con 18, durante 2019 creció a 259, y en 2020 el total fue de 688.
El informe “¿Quiénes son? La crisis de identificación de personas en Jalisco”, publicado por el Cepad, indica que la cifra representa un aumento porcentual del 13,660 por ciento, en cuatro años, en el ingreso de restos al IJCF.
En 2015 el IJCF dejó de realizar incineraciones, pero no por ello dejó de ingresar cuerpos.
La respuesta del gobierno fue comenzar a inhumar los cuerpos de personas fallecidas sin identificar en un panteón forense, para, de esa manera, no saturar los espacios refrigerantes del Servicio Médico Forense (Semefo).
Tras enterarse del hecho, la sociedad civil protestó bajo el argumento de que con esa acción las familias que buscaban a sus desaparecidos perderían toda posibilidad de encontrarlos en algún momento, esto provocó que el uso del panteón forense se detuviera algunos meses.
De acuerdo con el Cepad, el 20 de diciembre de 2017 se anunció que el panteón forense comenzaba a operar en Tonalá con la inhumación de 92 cuerpos de personas fallecidas sin identificar en la zona del Vado luego de que se congestionaron los refrigeradores.
En febrero de 2018, “el entonces titular del IJCF, Octavio Cotero Bernal, comunicaba la inhumación de 80 cuerpos más en un panteón que Tonalá había prestado y que, hasta el momento, ya albergaba los cuerpos de 140 personas. Al mismo tiempo, negaba que el IJCF estuviera rebasado en capacidad, aunque reconocía estar cerca de su límite”.
Para agosto de 2018 los restos humanos seguían llegando al IJCF porque el hallazgo de fosas clandestinas en Jalisco iba en aumento. En ese momento, el entonces coordinador operativo del Servicio Médico Forense (Semefo), Eduardo Mota Fonseca, declaró a medios que en las instalaciones del IJCF se albergaba una cámara refrigerante de tractomotor de la que, a decir de vecinos de la zona, “se expedían olores fétidos”.
A finales de ese mismo mes, de acuerdo con el Cepad, la cámara refrigerante con cuerpos de 273 personas fallecidas sin identificar salió de las instalaciones del IJCF con rumbo a una bodega localizada sobre la calle Los Frailes, en la colonia La Duraznera, en Tlaquepaque, lugar del que 14 días después sería retirada por órdenes de la alcaldesa María Elena Limón, por “no contar con permisos necesarios”.
La negativa hizo que el tráiler transitara por la zona metropolitana de Guadalajara hasta ser abandonada al lado del fraccionamiento Paseos del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga. El 15 de septiembre de ese año, los vecinos denunciaron los olores fétidos e incluso amenazaron con quemar la caja frigorífica ambulante.
De inmediato la noticia se conoció en medios a escala local y nacional, por lo que la caja regresó a las instalaciones del IJCF, se reconoció que no había capacidad para mantener los cuerpos dentro del instituto y se dio a conocer que había un segundo tráiler con cuerpos. Ambos tráileres contenían 322 cadáveres.
Ante el hecho, las familias de desaparecidos, tras una serie de manifestaciones, consiguieron que las autoridades informaran que tenían 444 cadáveres acumulados, de los cuales se habían identificado más de 70. Sin embargo, no se llevaron a cabo las diligencias necesarias para la entrega de cuerpos, por parte de las autoridades responsables, a las familias que los buscaban.
El Cepad denuncia que históricamente, desde el gobierno de Jalisco, ha habido una negativa a reconocer la existencia y persistencia de la crisis forense en la entidad.
“Aunque han existido discursos públicos y eventos en donde se anuncian planes de mejora, la realidad es que en las instalaciones del IJCF, tanto en la oficina central como las unidades regionales, se siguen acumulando cuerpos día con día”, señala la organización.
De acuerdo con el informe, en los últimos cuatro años ha habido un ingreso diario de 12 cuerpos en promedio tan solo en la delegación Tlaquepaque del IJCF, la que mayor número de cuerpos recibe, procesa y resguarda.
En 2020, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México informó de una cifra acumulada de 50,000 personas fallecidas sin identificar en todo el país; cifras proporcionadas por el Cepad para dicho posicionamiento público reflejaban un total de 5,738 cuerpos acumulados, hasta agosto de 2020, en todo Jalisco.
“Cuatro meses después, al 31 de diciembre de 2020, esta cifra incrementó casi 9 por ciento. Lo que estos datos muestran también es cómo la acumulación ha persistido en las administraciones y no se ha reflejado en una disminución de la saturación previa al escándalo de las cámaras refrigerantes, es decir, casi 40 por ciento de los cuerpos que se acumulaban con corte al 31 de diciembre de 2020, es decir 2,478 ingresaron entre 2019 y 2020”.
Campos García explica que la situación en Jalisco es particular porque, “además de ser el estado con el mayor número de personas desaparecidas a nivel nacional, se suman las graves violaciones a derechos humanos que tienen que ver con el tema forense.
“En 2018, cuando tiene su explosión la crisis forense, también se conoció que esta se estaba conteniendo por medio de incineraciones que terminaron por destapar el caso de los llamados ‘tráileres de la muerte’. A partir de ahí se observa que el instituto no abre suficientes espacios para resguardar los cuerpos, que hay un alto número de personas sin identificar que se tienen registradas y de las cuales no conocemos su destino final, así como la falta de voluntad política que existe al no reconocer que hay una crisis forense”.
El investigador comenta que el gobierno debió invertir en áreas de identificación forense, ya que, comenta, de las 566 áreas que tiene el IJCF solamente en 117 hay peritos que se dedican a la identificación de cuerpos y restos, es decir, “solo un 30 por ciento de ellos lo hace, lo cual es un grave problema”.
Campos García hace énfasis en la pregunta ¿Quiénes son? porque, señala, el instituto tiene en sus instalaciones a personas de las que no se tiene un nombre, una identificación, cuando podría hacerlo y enviar la notificación a las familias.
Hasta este momento, comenta el investigador, existen todavía factores que obstaculizan que las familias identifiquen los cuerpos de sus desparecidos.
“El caso de Silvia puede ejemplificar este problema. Por un evento fortuito ella vuelve a insistir en que se le presente más información de su hijo —y no solo la etiqueta de un pantalón— y resulta que sí había más elementos. Solo así ella pudo pedir una confronta de ADN y así localizar a su hijo, un año y medio después de su desaparición y seis meses después de que se encontraran los hallazgos de la fosa clandestina de Ixtlahuacán”.
La desatención de los problemas estructurales, explica Campos García, es lo que abona a la crisis forense. “Por un lado, tenemos el incremento de la violencia de manera exorbitante y como nunca se había visto en Jalisco, pero también la nula coordinación que tiene el IJCF con los ministerios públicos, que son los encargados de notificar a las familias los hallazgos y resultados de las confrontas de ADN, y tampoco hay un aumento sustancial en el recurso destinado para que puedan realizar las labores debidas de identificación”.
A estas fallas se suma el padecimiento al que todos los días se enfrentan las familias y tiene que ver con el entramado burocrático y administrativo de los servicios forenses.
“Las familias no confían en los procesos de búsqueda de las autoridades y tampoco en la procuración de justicia. A esto sumamos la impunidad, que como uno de tantos ejemplos de esta tenemos el caso de los tráileres”.
“UN TRATO FRÍO, DISTANTE Y POCO EMPÁTICO”
Las fallas en la atención, en los procesos de reconocimiento y la entrega de cuerpos han hecho que las familias exhiban sus casos ante organismos de defensa de derechos humanos, pero también ante medios de comunicación con el propósito de presionar a las autoridades para agilizar los procesos que para los seres queridos de un desaparecido siguen siendo por demás dolorosos.
“El primer acercamiento que las familias tienen con el IJCF está enmarcado por el dolor, angustia y negación al acercamiento con este tipo de autoridad, en tanto que la búsqueda en el Semefo implica romper con la idea de la presunción de vida durante un momento clave del proceso de búsqueda, al inicio y dentro de las primeras horas o días posteriores a la desaparición”, explica el Cepad.
De acuerdo con las entrevistas e investigación que el Cepad ha realizado desde 2010 y hasta 2019, en todos los casos se repite las declaraciones sobre el trato de las autoridades: “Poco empático, frío y distante”.
Así como Silvia, quien tuvo que insistir en una segunda ocasión que no podía identificar a su hijo por medio de una etiqueta de pantalón y fue “por casualidad” que le mostraron otras prendas, muchas otras familias han detectado que no se les presenta toda la información o las fotografías de todos los hallazgos.
“Los familiares exigen que se les brinde toda la información que haya disponible, asumen que sí sucede; sin embargo, después han descubierto que, a pesar del tiempo transcurrido, en las bases de datos se subían fotografías o características de años anteriores que desconocían”.
Esto implica que, al hacer una nueva búsqueda días después, ya no revisaran la información en la que se habían quedado porque no existe un aviso por parte del personal del IJCF que alerte que se ha subido nueva información.
“Cuando yo empecé a buscar a mi esposo me di cuenta de que nada más me estaban enseñando a las personas en situación de calle, yo sentí que me estaban ocultando algo más”, contó una mujer al Cepad.
Silvia Alejandra Celis González asegura que la búsqueda de personas desaparecidas, ya sea vivas o muertas, no despierta ningún tipo de sentimiento en las autoridades del estado. “Lo ven como un trabajo de oficina, no se humanizan, no nos tienen un mínimo respeto.
“El día que me informaron que tenían un cuerpo con las características de mi hijo no tuvieron sensibilidad, me lo dijeron al fregadazo, me dieron un trancazo. Casualmente el día que me entrevisté con ONU me avisan del hallazgo del cuerpo de José Martín. La forma en que me lo hicieron saber es como una expresión de ‘ahí te va tu hijo, para que te calles y aplaques’, pero sigo en mi búsqueda, yo no paro”.
Campos García recuerda que una madre le dijo de forma contundente que “se necesitan menos inhumaciones y más procesos de identificación”.
No haría falta buscar más espacios de inhumación si se tuvieran procesos correctos y manejo adecuado de la identificación forense de las personas desaparecidas; además, reitera Campos García, una coordinación entre el IJCF dentro de sus áreas, pero también con la fiscalía del estado, así como una profunda capacitación de toda autoridad que esté relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas. “Lamentablemente se observa un panorama desesperanzador de la crisis”, concluye el investigador.
