La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. Así como contra Odebrecht, 33 empresas entre filiales y fachada, y 11 personas físicas, por el desvío de más de tres mil millones de pesos.
De acuerdo con la UIF, el desvío podría haber parado en las campañas electorales de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México.
Además, el medio Milenio revelo que esta nueva denuncia en contra de Lozoya, se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR) el 16 de julio.
Asimismo, la UIF reveló que la denuncia se presentó por los delitos de corrupción política, desvío de recursos públicos y lavado de dinero. E implica al ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a 11 personas físicas y 34 morales relacionadas con contratos que Lozoya entregó desde Pemex a Odebrecht y sus filiares para supuestos trabajos de construcción que nunca se realizaron.
Esquema de lavado de dinero
Sumado a ello, la UIF detalló que pudieron identificar un esquema de lavado de dinero en Pemex que va desde el 2012 al 2016. En el que entregaron contratos millonarios con tres niveles de operación que favorecieron a servidores públicos mexicanos. Y que posiblemente terminaron financiando campañas políticas en ese periodo y posteriormente.
La investigación identificó dos grupos de operaciones con los que Lozoya destinó estos contratos desde Pemex.
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El primero, se trata de empresas relacionadas de manera directa con Odebrecht, que recibieron recursos públicos directamente de Pemex y de otros organismos gubernamentales de manera injustificada.
“Destaca una empresa de Odebrecht la cual, durante la administración de Emilio de 2014 a 2016, realizó transferencias por más de tres mil millones de pesos. Supuestamente por concepto de construcción a favor del gobierno federal. Sin embargo, dichos servicios no fueron realizados. Por lo que posiblemente fue parte de una mecánica de las operaciones”, indicó la UIF.
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El segundo esquema de operación consistió en que las empresas que en el primer grupo recibieron los recursos de Pemex, se encargaron de transferirlos “y estratificarlos”. Esto mediante un esquema de triangulación de recursos. Y después los enviaron a empresas con características de fachada.
“Estas empresas fachada se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos. Por medio de retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México”, expuso la UIF.
