Por supuesto que para algunos autoritarios que pretenden asaltar de nuevo al poder público, la democracia es un “fracaso”. Por eso la violentaron cada que fue necesario y cometieron fraudes electorales. El ciudadano era utilizado como instrumento para legitimar posiciones en los gobiernos, jamás para rendirle cuentas.
Si tomamos en cuenta el puro aspecto cualitativo, la consulta popular llevada a cabo el 1 de agosto, ha sido un hito para la República. Por primera vez, los ciudadanos participamos en un ejercicio con validez constitucional y organizado por la autoridad electoral, más allá de encomiables esfuerzos anteriores para conocer el sentir social y de las manifestaciones en las plazas públicas; que en la lucha por la democracia, se han llenado tantas veces, con millones de personas condenando las injusticias y violaciones a los derechos sociales en este país.
En principio, para millones de mexicanos la participación en la consulta popular ha sido un acto de congruencia elemental con los derechos democráticos que nos fueron negados y mutilados durante los tiempos oscuros del autoritarismo. De ser víctimas constantes de fraudes electorales pasamos a la participación activa y reconocida legalmente en asuntos de Estado, más allá de las elecciones.
Esta primera consulta popular, reconocida por el Estado, es una victoria ciudadana gestada desde abajo y que le hace un serio contrapeso y coloca un dique a los políticos del viejo régimen que se presumían impunes. El mensaje ha sido claro: justicia.
Claro que el ejercicio se ha concretado a pesar del penoso papel del árbitro electoral que, entre otras pifias, salió en defensa de los expresidentes al sostener falazmente que la consulta no era sobre ellos; mandó a poner una de cada tres casillas respecto a la pasada elección y decidió cambiar de sedes de votación, de última hora.
¿Qué habría sucedido si el INE hubiera desplegado las mismas casillas disponibles que para la elección del 6 de junio? Los votos estarían multiplicados. Hubo pues un problema de diseño y de acceso a la votación. Y lo saben los consejeros. Tan lo saben, que el nerviosismo del presidente del INE, Lorenzo Córdova, al dar a conocer las tendencias de participación ciudadana fue evidente.
Por eso sostengo que si este INE organiza una boda, no se casan los novios.
Y es que basta con revisar la mayor parte de sondeos serios y reconocer que la amplia mayoría de mexicanos quiere que los expresidentes sean juzgados. El fracaso es pues atribuible a la organización del valioso instrumento ciudadano por parte de un INE que, desde un primer momento, hizo berrinche porque solicitaba tres veces más recursos (mil 500 millones de pesos) que los recibidos (500 millones de pesos) y no difundió en serio, ni a tiempo el ejercicio.
En paralelo, la consulta popular fue sometida a una intensa campaña de desprestigio de los grupos beneficiarios del sistema autoritario que intenta reagruparse. Aunque en ese aspecto fue sano, pues ya nos va quedando con más claridad quiénes son y qué causas defienden. Además, la mayoría de los medios tradicionales callaron, en el mejor de los casos callaron y, en otros, se lanzaron ferozmente a desacreditar la consulta. El único esfuerzo de promoción del voto se dio abajo por parte de activistas y ciudadanos informados: en las calles, plazas públicas y a través de las redes sociales.
Hoy millones de mexicanos sabemos lo que somos capaces de lograr a pesar de la circunstancias; el fracaso ha sido el del sistema autoritario que se quebró y no logra asimilar la derrota e intenta reconstituirse. Los expresidentes y sus súbditos añoran mucho el dinero público y el tráfico de influencias. En esta nueva realidad no se hallan y son quienes evitan revisar su pasado pero pretenden regresar a éste. Tampoco hay novedad alguna en que ahora menosprecian y minimicen la participación de 7 millones de personas que pudieron emitir su voto pensando en las víctimas y en la necesidad de que se haga justicia.
En lo que hace al desaseo en la organización de la consulta, el INE queda debilitado. A lo largo de la jornada, el presidente del INE Lorenzo Córdova lució francamente incómodo porque sabe el pesado costo que ahora deberá cargar.
Aunque a Córdova le parezca que hablar de boicot y sabotaje “son vulgaridades lingüísticas”, sabe que son términos que le van a perseguir; como cuando quedó penosamente marcado al proferir calificativos racistas y discriminatorios en contra de representantes de los pueblos indígenas de México.
La prueba de que la eficiente organización de un ejercicio de democracia participativa pasa por la voluntad y actitud del árbitro, la tendremos en unos meses. Durante la revocación de mandato -a la que someterá AMLO en marzo del próximo año- pasaremos de la apatía del INE y de las narrativas de desaliento de los grupos de ultraderecha a un árbitro proactivo y promotor del ejercicio. Entonces al INE hasta le sobrarán recursos, el dinero no será pretexto y pondrá mesas receptoras en cada esquina si es necesario.
Como sea, éste ha sido un ejercicio invaluable que significa el principio del camino en materia de democracia participativa. Por cierto, los posibles juicios a los expresidentes, en caso de abrirse, podrían correr en paralelo a la constitución de una indispensable Comisión de la Verdad.
Aunque algunos apuntan a un supuesto fracaso de lo que denominan “la consulta del presidente”, están equivocados. El ejercicio, desde su gestación, nunca fue una causa de un solo hombre, sino de millones de personas que han buscado infructuosamente la aplicación de la justicia ante décadas de abandono, violencia y corrupción sistemáticas.
La incansable y admirable lucha de millones de mujeres y hombres que fueron invisibilizados hoy tienen nuevos cauces y mecanismos para hacerse escuchar y valer. Sin duda, un fracaso para el autoritarismo que vamos dejando atrás.
