J. Arturo García / @SoyArturito
(06 de agosto, 2013).- Cerca de 30 organizaciones de Oaxaca denunciaron que hasta la fecha no se haya aprobado la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado, propuesta desde el 17 de diciembre del 2012.
“En abril, durante un foro, las autoridades se comprometieron a aprobar dicha reforma. Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, dice que no hay fondos para garantizar la operatividad de la Ley, pero en diversos eventos como la Guelaguetza se da un derroche de dinero. Eso nos hace pensar que para apoyar la infancia no hay dinero, para ellos la infancia no cuenta”, denunció Felipe Sánchez, integrante del Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI).
En el estado de Oaxaca viven un millón 400 mil niños, niñas y adolescentes, a quienes se busca beneficiar con la iniciativa encabezada por FONI desde hace siete meses.
A través de una carta dirigida al gobernador de Oaxaca y a los diputados locales de la actual legislatura –específicamente a Pavel López y Alejandro López Jarquín, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Ivonne Gallegos y Marlene Aldeco, del Partido Acción Nacional (PAN), y el ex dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, del Partido del Trabajo–, el FONI les exige aprobar la iniciativa publicada hace meses.
“La actual legislatura terminará sus funciones el 12 de noviembre del presente año. Sería realmente irresponsable que quienes tienen la encomienda de elaborar leyes que contribuyan al cumplimiento de los derechos humanos en nuestro ya muy lastimado estado, se fueran sin haber correspondido a las expectativas que la ciudadanía les depositó y, especialmente, sin generar ningún beneficio para la niñez y la adolescencia de Oaxaca”, se lee en la carta.
Felipe Sánchez mencionó que “el Congreso no le concede a los niños y niñas la oportunidad de tener derechos, sino únicamente ser objeto de protección”. Ante esto, el activista denunció que “algunas causas de obstaculización provienen del gobierno y, en particular, del DIF estatal, que piensa que [con la aprobación de la Ley] se le recortará el presupuesto”.
Las 27 organizaciones oaxaqueñas firmantes piden, además de la aprobación de las reformas a la Ley, la asignación de un presupuesto para echar a andar el proyecto y la elaboración de políticas públicas “con perspectiva de derechos” que reflejen los cambios a partir de la Ley que el Congreso de Oaxaca no parece querer avalar.
