La labor de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) resulta cada vez más cuestionable ante la lentitud y poca efectividad de varios procesos judiciales, claves para el momento político actual de México.
Un tema que no es menor, ya que una de las mayores promesas del cambio de régimen político que se produjo en 2018 con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue precisamente el combate a la corrupción. Una batalla que, a prácticamente la mitad del sexenio, todavía queda a deber en un país sediento de justicia.
Desde su nombramiento como fiscal, la gestión de Gertz Manero levantó suspicacias. Primero, por su pasado vinculado al PAN, incluyendo su paso como titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Vicente Fox. Nombrado en 2019 por el Senado, con la venia del presidente López Obrador, el periodo de Gertz al frente de la FGR concluirá hasta 2027. A la luz de los resultados actuales, parece poco probable que el actual fiscal se mantenga en el cargo para entonces.
Al inicio de su gestión, Gertz logró asestar algunos golpes de alto impacto. La inesperada detención y encarcelamiento de Juan Collado, el abogado de la “mafia del poder”, cercano a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, por el delito de fraude, representó un inicio prometedor del actual fiscal. Aquella detención ocurrió en julio de 2019. Luego vendría el encarcelamiento de Rosario Robles (convertida ahora en mártir de la derecha mexicana), por el millonario desfalco de la Estafa Maestra, en agosto de 2019.
El punto de quiebre vino con la detención en España del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y su posterior extradición a México, en julio de 2020, quien se acogió a la figura legal del criterio de oportunidad, en calidad de testigo colaborador. La declaración ministerial de Lozoya representó un antecedente histórico importante, pues representó el quiebre del famoso e infame pacto de impunidad que prevaleció en el país durante la era neoliberal.
Los detalles que ofreció Lozoya sobre el pago de sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética, dentro del caso Odebrecht, alcanza los más altos niveles de la política mexicana. Algo que abría la posibilidad de emprender un necesario maxiproceso judicial en contra de las mafias político-empresariales que saquearon al país durante años.
Pasaron los meses y los avances en torno al caso se fueron diluyendo, mientras el fiscal Gertz Manero hacía más evidente su pleito con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien se ha convertido en uno de los funcionarios más respetados (y temidos) de la actual administración. En el último año, lo más destacado de Gertz han sido los múltiples escándalos personales en los que se ha visto envuelto: primero, por la detención de Alejandra Cuevas, quien fuera hijastra del asesinado hermano de Gertz, de nombre Federico; luego vino la polémica por su inclusión en el Sistema Nacional de Investigadores en medio de acusaciones de plagio y algunas resoluciones poco claras; y por último, la grilla política por el control de la Universidad de las Américas de Puebla (donde Gertz se desempeñó como académico), y que en últimas fechas incluyó una orden de aprehensión contra el rector Luis Ernesto Derbez, otro funcionario del gabinete foxista.
En contraste con los escándalos personales, lo más destacado en el último año dentro de la FGR fue la detención del exsenador panista Jorge Luis Lavalle por la trama de sobornos del caso Odebrecht, tras la difusión de un video en que se ve a uno de sus operadores recibir grandes cantidades de dinero en efectivo.
Sin embargo, la notoria ausencia de Gertz Manero a la hora de rendir cuentas o informar sobre los avances al frente de la FGR, se hicieron cada vez más notorios. Al punto que el pasado 9 de agosto, el presidente López Obrador lanzó su primera crítica abierta al trabajo de Gertz, con una frase que resume a la perfección el asunto: “Hace falta más acción, empujar más el elefante, hay que estar constantemente atendiendo asuntos”.
Días después, el 21 de agosto, nos enteramos que la FGR envió un citatorio al expanista Ricardo Anaya, para declarar en el Reclusorio Norte por su presunta responsabilidad en la red de sobornos que Emilio Lozoya operó para aprobar la desastrosa reforma energética. De acuerdo con versiones en prensa, los delitos que la fiscalía imputa a Anaya son lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. En medio de un melodrama mediocre desplegado en redes, Anaya se victimizó y acusó persecución política por parte de López Obrador para sacarlo de la contienda presidencial de 2024.
A juzgar por las fechas, parecería que, más que una persecución ordenada desde Palacio Nacional, la acción contra Anaya obedece más al reclamo público que hizo López Obrador a la labor de Gertz Manero al frente de la FGR.
El tema desató polémica en los últimos días. El miércoles 25 de agosto, la FGR emitió un comunicado en el que advierte que los cargos imputados contra Anaya son consecuencia de las acusaciones de Lozoya y otros dos testigos que lo vieron entrar en las oficinas de Pemex. Además de eso, la FGR no hace referencia a otro tipo de pruebas documentales que permitan acreditar si, efectivamente, Anaya recibió poco más de 6 millones de pesos en 2014, cuando fungió como una de las piezas más importantes de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.
Si bien es cierto, que el evidente temor de Anaya y su urgencia por salir del país abonan a la sospecha de que pudiera estar involucrado en pactos mafiosos, lo cierto es que esta podría ser la prueba definitiva para Gertz Manero. En caso de que la FGR no haya logrado armar un caso sólido contra el exlíder y excandidato presidencial del PAN, la permanencia de Gertz al frente de la FGR sería muy difícil de sostener, sobre todo, si de aquí a diciembre de 2021, fecha en que se cumplirán 3 años de la actual administración, no hay logros concretos en el terreno de la lucha anticorrupción.
Quizá por ello, el mismo presidente López Obrador ha sido más cauto a la hora de nombrar su cruzada anticorrupción como parte de su proyecto político. La falta de resultados en la fiscalía empieza a ser un lastre cada vez más pesado para la 4T. Sobre todo, cuando no existen siquiera indicios de que algunos grandes casos de corrupción como las cuentas millonarias de políticos del PRI en Andorra, estén siquiera siendo debidamente investigados por la fiscalía. Lo mismo ocurrió con la Operación Safiro, donde se documentó cómo los gobiernos del PRI desviaron sumas millonarias de los estados para campañas políticas. El tema tampoco ha avanzado.
Por si fuera poco, las pocas apariciones públicas de Gertz Manero tampoco abonan mucho. ¿Qué hace el fiscal? No rinde cuentas, da muy pocas entrevistas, ofrece conferencias de prensa ahí de vez en cuando. De mantener el paso, el Congreso no tardará en exigirle cuentas. La primera llamada de atención ya vino directamente de López Obrador. ¿Mantendrá el presidente a Gertz manero al frente de la FGR pese a la falta de resultados? El tiempo lo dirá. Lo cierto es que hoy, la presión contra Gertz va en aumento.
