Legalidad no es sinónimo de justicia. A lo largo de la historia, han existido muchas leyes injustas, como el apartheid, la política de segregación racional en Sudáfrica. Por eso Gandhi decía que lo correcto ante una ley injusta es desobedecer.
En México también se han cometido grandes injusticias creando leyes a modo. Un gran ejemplo es el rescate bancario, luego de que el Congreso creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) el 12 de diciembre de 1998, escudándose en una festividad religiosa para legalizar en lo oscurito, mediante un albazo legislativo, uno de los fraudes más gigantescos de la historia de México. Algo muy similar ocurrió con la Reforma Energética, aprobada con un Congreso blindado ante el repudio popular.
A pesar de contar con ejemplos palpables de cómo la ley ha sido utilizada por políticos corruptos para legalizar el saqueo, en México todavía existe un amplio sector de personas incapaces de ver cómo las leyes pueden servir también para blindar grandes actos de corrupción.
Una buena parte de los fideicomisos aprobados durante el periodo neoliberal en México han operado bajo una lógica de saqueo. Los fideicomisos permitieron, como por arte de magia, privatizar dinero público mediante grandes laberintos legales que dificultan la transparencia y la rendición de cuentas. Una parte importante del saqueo en Pemex durante la era neoliberal tuvo que ver con este tipo de mecanismos legales, en los que se creaban empresas de papel a través de los cuales se movilizaban grandes sumas de dinero lejos del alcance de las auditorías y el control de la Cámara de Diputados, tal como ocurrió con la estructura paralela de PMI, que manejaba nada más y nada menos que todas las exportaciones e importaciones de petróleo y sus derivados, a espaldas de la ciudadanía.
En los últimos tiempos, la creación de empresas fachada fue un esquema ampliamente utilizado para cometer grandes saqueos como la Estafa Maestra, en complicidad con universidades públicas. El saqueo de los Duarte en Veracruz y Chihuahua, también se ejecutó dentro de esta lógica de crear empresas fantasma que desaparecían grandes cantidades de recursos, lo mismo que ocurrió con un caso más reciente que involucra a una conductora de televisión y su esposo, Inés Gómez Mont, y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, señalados de crear un esquema de empresas fantasma para ayudar a desviar 3,000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en tiempos del entonces secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Es altamente probable que el dinero robado en muchos de estos casos, haya ido a parar a paraísos fiscales como Andorra, caso que a pesar de su trascendencia política, ha sido poco investigado por autoridades federales en México, aún, en tiempo de la Cuarta Transformación.
A la par de estos grandes esquemas de corrupción, operaron otros instrumentos de manera más sutil. El objetivo era muy similar: privatizar recursos públicos para beneficiar a pequeños grupos privados. Un esquema de maiceo muy utilizado durante la era neoliberal para ganar respaldo político de las élites, a cambio de un flujo constante de dinero.
La historia del polémico Foro Consultivo en Ciencia y Tecnología parece insertarse en esta lógica. En 2002, como parte de la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante el sexenio del presidente Vicente Fox, se creó la figura del FCCyT, como un órgano “autónomo” cuyas funciones serían las de reunir a un grupo de científicos y empresarios que servirían como consultores de las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e investigación. Dentro de la ley, se especificó que este nuevo organismo operaría como una Asociación Civil. Si su objetivo era únicamente fungir de “consultor, asesor y articulador de políticas públicas, lo lógico es que lo hiciera dentro de la estructura de Conacyt. ¿Qué necesidad había de constituir una Asociación Civil para estos fines? Entregar dinero público para beneficio de una élite académica, que además de recibir recursos por distintas vías, acaparó posiciones de privilegio en universidades públicas e institutos de investigación.
De acuerdo con una investigación del periodista Ricardo Balderas, titulada La mafia de la ciencia, el FCCyT convertido en Asociación Civil recibió 2.7 millones de pesos anuales entre 2002 y 2014. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno destinó un inexplicable fondo adicional de 30 millones de pesos, de los cuales, se utilizaron 17 millones para comprar una casa en Coyoacán. Algunos de los científicos involucrados, figuran entre los promotores de la Reforma Energética de Peña Nieto, la cual se aprobó en el Congreso mediante un amplio esquema de sobornos. Una parte del dinero inyectado a esta organización, fue utilizado en viajes de lujo, comidas en exclusivos restaurantes, onerosos sueldos y pago de consultorías, para operar un ente autónomo, privado, que duplica buena parte de las funciones del Conacyt.
Datos del FCCyT revelan que durante el sexenio de Felipe Calderón (de 2007 a 2012), la organización recibió 173 millones de pesos. Con Enrique Peña Nieto (2013-2018) el monto ascendió a 218.5 millones de pesos. Nada mal para un ente privado cuyo objetivo era brindar asesoría al gobierno en materia de ciencia y tecnología.
Con el cambio de régimen político en 2018, la nueva titular del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, realizó señalamientos puntuales sobre el modo en que se desviaron grandes cantidades de dinero público para alimentar a una élite académica que resultó particularmente dócil, mientras México se convertía en fosa clandestina. A diferencia de lo que ocurrió con casos de gran relevancia como Ayotzinapa, las élites científicas no firmaban desplegados para protestar contra la injusticia, como sí lo hicieron una vez que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la bancada de la 4T en el Congreso, decidió extinguir los fideicomisos que alimentaban a buena parte de las élites académicas. Conacyt señala que
A partir de entonces, se inició una batalla legal cuya lógica no es la defensa y promoción de la ciencia, sino el dinero.
El caso cobró relevancia en fechas recientes, luego de que varios medios y comunicadores afines al régimen neoliberal señalaron que la Fiscalía General de la República encabezó una “persecución política” contra 31 científicos vinculados al FCCyT, señalados de malversar fondos públicos. En las notas de prensa, se habla mucho de persecución política y una supuesta venganza política del fiscal Alejandro Gertz Manero, pero se omiten convenientemente los muchos privilegios injustificables obtenidos por esta asociación civil en los últimos dos sexenios.
El caso escaló, y el rector de la UNAM, Enrique Graue emitió un posicionamiento en defensa de los académicos señalados. López Obrador dijo en cambio, que el que “nada debe, nada teme”. La noche del 22 de septiembre la FGR emitió un comunicado en el que, lejos de aclarar versiones contradictorias, genera más dudas.
La FGR asegura que las órdenes de aprehensión solicitadas a un juez obedecen a “delitos de carácter patrimonial”. No se especifican los cargos. En medios se ha manejado que uno de los cargos imputados sería “delincuencia organizada”, que a todas luces, sería un delito desproporcionado e injustificable de acuerdo a lo establecido en dicha ley. Sin embargo, los delitos de “asociación delictuosa” o “peculado”, podrían prosperar, dependiendo la manera en que la FGR haya armado el expediente. El juez rechazó la solicitud de la Fiscalía al considerar que carecía de elementos. Falta conocer a detalle la carpeta de investigación, pero todo apunta a un nuevo fiasco de la FGR en tiempos de Gertz Manero, cuyos escándalos personales -incluyendo versiones de una cuenta bancaria secreta en paraísos ficales, en medio de una intriga y una batalla judicial contra su familia política- han sido una constante.
Las implicaciones políticas de este asunto, serían una nueva mancha en la gestión de Gertz al frente de la fiscalía, aunque de momento, tampoco se puede tener certeza de que la resolución del juez esté apegada a derecho y no a intereses mafiosos, como hemos visto en muchos otros casos.
De cualquier modo, las implicaciones políticas de este nuevo escándalo pondrían en entredicho, una vez más, la labor de Gertz al frente de una ineficiente FGR.
Pero al mismo tiempo, el caso también pone en evidencia la manera en que los gobiernos del PRI y PAN maicearon a una élite intelectual a cambio de mostrarse dóciles, e incluso cómplices, frente al desastre del régimen neoliberal. Un esquema de corrupción, diseñado para ganar apoyo de una élite intelectual, como ocurrió también con el dinero inyectado a la “mafia cultural” operada por Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín. No es casualidad que muchos científicos notables, ahora firmen desplegados en contra del gobierno, impulsados por personajes que ocuparon posiciones de privilegio durante la era neoliberal.
Decir que no existe corrupción en el caso del FCCyT simplemente porque la inyección de dinero estaba amparada en una ley hecha a modo para beneficio de unos pocos, es igual a decir que nunca existió corrupción con el dinero público que el gobierno destinaba a los medios de comunicación a través de la publicidad oficial, a pesar de que este mecanismo se convirtió en un nuevo tipo de ‘chayote’, con el cual, el gobierno compraba el silencio de los grandes medios corporativos. Un esquema de complicidades, alianzas y silencios entre las élites que durante muchos años, sostuvieron y justificaron la corrupción que imperó en el régimen neoliberal, en detrimento de la gran mayoría de los mexicanos.
