La historia reciente de nuestro país da cuenta de dos modificaciones importantes en materia de propiedad bancaria. La primera ocurrida en los primeros años de la década de los noventa cuando tuvo lugar el proceso de reprivatización (recordando que en 1982 la banca fue nacionalizada). La segunda, cuando la banca pasó de manos privadas nacionales a manos privadas extranjeras. En sólo seis años (de 1996 a 2002) México perdió el control de sus activos bancarios, teniendo a la cabeza del proceso a Banamex y Bancomer, pues con la venta de estos dos bancos, el 44% del total de activos en el país pasaron a formar parte de subsidiarias de Citibank y BBVA.
A dos décadas de la extranjerización de la banca, ésta puede ser leída como parte de una política dirigida a construir una estructura financiera definida desde el exterior, muy semejante a los regímenes de acumulación feudal. Ya que con ella los bancos en el país se han limitado a reproducir comportamientos rentistas mediante la obtención de utilidades por comisiones o por manejo de títulos gubernamentales; ya no por impulsar la actividad productiva mediante la concesión de créditos a sectores estratégicos, o siquiera, a créditos a largo plazo en otros sectores productivos. Postura muy acorde con la lógica de rentabilidad exógena a los intereses nacionales, que caracteriza al sujeto protagonista del patrón de acumulación neoliberal.
Este sujeto surgido de la apertura económica y la liberalización financiera ha transformado la arquitectura financiera global, al punto tal que en estudios recientes más que hablar de un sistema financiero, se habla de un complejo financiero. Así como si se tratara de una enfermedad psicológica, tipo Complejo de Edipo, o bien una social, tipo Complejo Farmacéutico-Industrial.
Humor aparte, lo cierto es que este actor, construye su rentabilidad en sentido contrario a la dinámica de crecimiento de los países en donde tiene presencia. De ahí que un componente orgánico a esta estructura sean las crisis bancarias y cambiarias. Al no tener la banca transnacional, mayor interés que la búsqueda de la ganancia rápida.
Por eso, hoy que se ha hecho pública la intención de Citi de vender la banca de consumo y la banca empresarial de Banamex (en un rango de valuación de entre $6 mil millones y $10 mil millones de dólares) hacemos el siguiente recordatorio: los bancos deben tener como función el proveer de financiamiento a las actividades productivas. De forma tal que el aumento de inversión signifique desarrollo de la capacidad productiva; es decir, generación de medios que cubran las necesidades económicas en los distintos espacios geográficos, incluidos aquellos que se integran globalmente. Premisa que no se tuvo presente cuando en 1994, después de la firma del TLC, en el país se adoptó la forma de organización financiera estadounidense, con la que se afianzó la fusión entre bancos múltiples privados y lo que más tarde se conocería como extranjerización. Marcando con ello, una nueva era financiera, en la que las corporaciones nacientes tuvieron la posibilidad de restringir el financiamiento dirigido a los procesos productivos, a la par de que contribuyeron a la desprotección de la banca de desarrollo. La cual fue debilitada y desprovista de mecanismos alternativos que permitieran continuar con el financiamiento a sujetos que estaba al margen del sistema financiero típico comercial.
Por eso no exageramos si decimos que la apertura financiera generó una competencia desleal para la banca nacional, aumentando con ello la dependencia del país con el exterior, por el solo hecho de que el endeudamiento interno se volvió endeudamiento externo, desproveyó a los productores nacionales de intermediarios nacionales, y llevó al capital productivo a asumir un papel servil, ante la nueva lógica feudal que significa la financiarización
