Alina Rosas Duarte / @ARD3_0
(27 de septiembre, 2013).- Después de analizar el tema de la compra y coacción del voto en las elecciones de julio del 2012 y declarar infundada la acusación del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hecha hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre la presunta repartición de tarjetas Monex con fines electorales, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) decidieron abrir dos procedimientos para determinar la veracidad de las declaraciones de dos ciudadanos que aseguran haber sido beneficiados con las prácticas del tricolor, en sus caso con tarjetas Bancomer.
“Encontramos los testimonios de dos ciudadanos: el ciudadano Raúl García García y el ciudadano Nabor Morales García, quienes dijeron que habían recibido tarjetas bancarias y nos proporcionaron los datos de dichas tarjetas. Los ciudadanos dijeron que en esas tarjetas habían recibido dinero para participar como representantes de casilla del Partido Revolucionario Institucional” señaló el consejero electoral Benito Nacif.
Con seis de ocho votos, el IFE decidió darle visto bueno a la Unidad de Fiscalización para arrancar “investigaciones necesarias a fin de determinar lo que en derecho corresponda”.
Eleazar Márquez, representante del PRD ante el IFE, aseguró que “la Unidad de Fiscalización no indagó a fondo en el tema de Monex, actuando a favor del PRI”, por lo cual representantes de PRD y PAN cuestionaron el funcionamiento de la Unidad y su existencia misma.
Por otra parte, se anunciaron las multas por 32 millones 905 mil 481 pesos y 96 centavos de acuerdo a las irregularidades que se detectaron en los comicios del 2012.
Las multas fueron de 15 millones 465 mil 099 pesos y 43 centavos al PRD, 7 millones 779 mil 200 pesos y 86 centavos al PRI, 2 millones 24 mil 606 pesos y 83 centavos a Nueva Alianza, 1 millón 662 mil 691 pesos y 35 centavos al Partido del Trabajo (PT) y 440 mil 860 pesos y 9 centavos a Movimiento Ciudadano.
Lo que sorprendió fue la multa impuestos al PAN, que pasó de 10 millones 558 mil pesos en el proyecto original, a 5 millones 385 mil 534 pesos, por lo que los consejeros acordaron iniciar investigaciones.
El consejero Alfredo Figueroa señaló que aceptar las conclusiones del dictamen de la Unidad de Fiscalización es incluso negar que existan aportaciones privadas a los partidos políticos de este país, además de condenar lo que puede ser el comienzo de la legislación de conductas que pueden distorsionar el sistema electoral.
