Por Érika Paz / @Paz3_0
(04 de octubre, 2013).- El parto de Irma López, ocurrido en el patio de una clínica del municipio Jalapa de Díaz, Oaxaca, es ejemplo no sólo de la negligencia médica y precarias condiciones en las que operan los centros de salud públicos en todo el país, sino también de la discriminación que viven las mujeres ya sea por género, el origen étnico o la clase social.
El miércoles 2 de octubre, Yolanda, de origen mazateco, arribó a la clínica acompañada de su esposo, sin embargo, no fue atendida por ningún médico. Varias versiones se han dado al respecto, como la ofrecida por el secretario de Salud de la entidad, Germán Tenorio Vasconcelos, quien refirió que la localidad “es una zona muy difícil, muy probablemente la mujer habla muy poco español o no la atendieron bien o le dio miedo” y aseguró en entrevista para una radiodifusora local haber ordenado una revisión para asegurarse que esta situación no se deba a una negligencia médica por cuestiones sindicales.
La presidente municipal de Jalapa de Díaz, Silvia Flores Peña, señaló que “por cuestiones políticas” el Centro de Salud se encuentra en paro laboral, dado que desde el mes de julio la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud ha hecho peticiones para la reubicación de áreas de trabajo en la región de Tuxtepec, por lo que ha operado paros escalonados. En agosto pasado la dirigencia de este gremio fue alternada, sin embargo, las inconformidades del personal persisten.
Por otro lado, testigos aseguran que tras esperar por más de dos horas, a Yolanda se le negó la asistencia médica. El artículo 4° constitucional establece el derecho a la salud, pero cada institución aplica criterios para la atención médica a las y los pacientes, y el caso de Yolanda es uno entre miles, en los que a las mujeres se les ha negado la asistencia durante el embarazo y el parto.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca iniciaron cada una por su parte quejas de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos, dado que la protección de la salud es un derecho elemental para las comunidades indígenas y para las mujeres en estado de gravidez.
Las percepciones sociales en las que se naturalizan los roles subordinados empezando por el género, la clase social, la raza o etnia sirven como caldo de cultivo para este tipo de realidades como el caso de Irma. La falta o la mala atención médica durante el embarazo y el parto, son sólo algunas de las intransigencias a los derechos de las mujeres.
Puesto que a la discriminación por motivos de género se suman otros factores como el origen étnico, la condición socioeconómica, e incluso la edad, esta triple discriminación coloca a las mujeres indígenas en “una posición de particular vulneración”, como señala la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 (ENADIS).
