Cuando los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ocuparon el Zócalo, los medios masivos le llamaron “toma”, “ocupación” y hasta “secuestro”. Los culparon de causar el cierre de varias estaciones del Metro y afectar la movilidad de los capitalinos… pero cuando el gobierno “secuestró” el Metro, nadie dijo algo. Esta es la crónica de esos días. Los otros días.
(09 de octubre, 2013).- La sorpresa se reflejó en el rostro de la gente que viajaba en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México cuando las puertas de los vagones se abrieron en la estación Zócalo, y, con el asombro del momento, los pasajeros se levantaron rápidamente de sus asientos para alcanzar a salir antes de que se volvieran a cerrar las puertas.
Un día antes, el 7 de octubre, un anuncio avisaba que dicha estación no tenía servicio y advertía a los pasajeros que anticiparan su bajada. La memoria cotidiana de los pasajeros ya no lo reclamaba, sino que estaba presente en todos que la estación de Metro Zócalo permanecía cerrada.
Su última apertura ocurrió a las 6 y media de la mañana del 13 de septiembre de 2013, cuando las puertas de esa estación aún se mantenían abiertas para darles servicio a los usuarios de la capital. Metros más arriba, en el asfalto, el campamento de los maestros aún estaba instalado en la plancha de la Plaza de la Constitución.
Después del desalojo violento del plantón magisterial, en el transcurso de ese mismo 13 de septiembre, la estación también sufrió un cambio en su operación diaria: se mantuvo cerrada durante 25 días, al igual que la plancha de la plaza central de la capital mexicana, que hasta la fecha, sigue enrejada.
Usando las palabras de los medios tradicionales: la policía “secuestró” todo lo que se leyera “Zócalo”.
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“¡Zócalo, Zócalo, Zócalo!”, es la consigna principal en las diferentes marchas que se llevan a cabo en la capital mexicana después de que las autoridades locales y federales decidieron que la plancha de la plaza política más importante del país sólo sería utilizada para la festividad del Grito de la Independencia, encabezada por Enrique Peña Nieto, y después, por un centro de acopio para los damnificados de los huracanes Ingrid y Manuel.
Así como esta plaza pública se mantiene resguardada, diferentes puntos aledaños a este lugar también han sido bloqueados por la policía capitalina para evitar que los transeúntes puedan llegar al corazón del Distrito Federal e impedir la vuelta de los maestros disidentes a la Reforma Educativa.
Cuando los susurros de la posibilidad de alguna marcha llega a oídos de las autoridades de la policía de la capital de México, se monta de manera inmediata un operativo que impide que cualquier multitud arribe a esa plaza, insigne de las luchas en México.
El pasado 19 de septiembre se veía erigido un muro compuesto por granaderos y camiones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), cortando dos vías principales de circulación del Centro de la Ciudad de México. Esta medida respondió a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salió a protestar aquella mañana, y provocó que hasta granaderos con pistolas de gases lacrimógenos los esperaran en el techo de los camiones, para evitar a toda costa que pasaran al Zócalo.
“Hay un problema de circulación, ellos –el gobierno- siempre argumentarán que puedes pasar por otros lados. Pero si las restricciones de las autoridades son al grado que hacen muy complicada el ejercicio del derecho, finalmente lo están restringiendo y finalmente también están cayendo en una ilegalidad”, dijo Jesús Robles Maloof, abogado y defensor de derechos humanos.
El 2 de octubre, en la manifestación después de 45 años de la matanza de Tlatelolco, el patrón se repitió: la conducta de la policía capitalina fue la misma desde que se desalojó a los maestros y nuevamente evitó el paso, a todos, al centro de la ciudad.
Un pequeño se acercó a un policía que pertenecía a esta barrera humana que estaba postrada en la calle República de Cuba. El niño, de aproximadamente 10 años intentó a travesar a los policías, mientras jadeaba después de tanto haber corrido.
“Déjeme pasar”, le suplicaba el niño al policía, quien le respondía que no había paso, que tenía que dar una vuelta para poder ingresar al primer cuadro de la ciudad; “Pero vivo ahí adentro”, le replicó el niño que sólo recibió como respuesta un gesto que mostraba la negativa del policía.
Ni el niño, ni la manifestación, pudieron atravesar esas barreras amenazantes, impenetrables.
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“Es una violación constitucional: uno tiene derecho al libre tránsito. Por otro lado, nadie puede ser molestado en su persona o sus propiedades sí no tienen una orden. Pero desgraciadamente en el país está practica es recurrente.
“Lo vemos en las carreteras, lo vemos en diferentes puntos, incluso en los aeropuertos. Entendemos que el bien que están intentando tutelar es la seguridad en algunas ocasiones, pero en otros casos es un tema de intimidación”, explicó el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía.
Dijo que la policía, en estas ocasiones, no cumple la función de vigilar una manifestación, sino la de intimidación, generando así un ambiente de hostilidad, lo que provoca una irritación en algunas personas.
Por otro lado, Miguel Carbonell, investigador jurídico y académico mexicano, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hizo la diferenciación entre la violación de las garantías individuales y la suspensión de las mismas.
“Si hay algún acto de autoridad que transgreda el marco constitucional y que afecte a un derecho humano, como la libertad de tránsito, el derecho a la integridad física o al derecho a la vida privada, se trata de una violación de garantías pero no una suspensión”, indicó.
Señaló que la suspensión de garantías individuales debe ser proclamada por el Ejecutivo federal y avalada por el poder legislativo, lo cual está previsto en el artículo 29 de la Constitución mexicana. La única vez que se dio una situación de esta naturaleza en la historia de la Constitución, fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando se envió al Escuadrón 201 a combatir con el régimen fascista, indicó.
Con Carbonell coincidió Mejía, quien comentó que la suspensión de garantías procede en casos de afectación de la paz pública, perturbación grave de la estabilidad, en caso de peligro inminente.
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Dos de la tarde del 2 de octubre de 2013. Los preparativos de la marcha se empezaron a ver desde la mañana de ese mismo día. También los preparativos de los ciudadanos que participarían en la marcha tradicional que recuerda y pide justicia por la matanza de estudiantes en 1968.
La sorpresa se apoderó de las personas que arribaban a las inmediaciones del lugar, cuando a la salida de la estación Tlatelolco se encontraron con un operativo de 300 policías de la capital quienes revisaban las mochilas de todos aquellos que salieran del Metro.
“Joven, pase por aquí y abra su mochila”, le dijo un oficial a un joven que salía del metro con una mochila negra y grande. El joven de 29 años le preguntó al elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que por qué hacían eso, que no estaba permitido: “es por su seguridad”, respondió el oficial.
Así, hicieron que abriera la mochila, mostrara el contenido –una cámara fotográfica– y tardaron aproximadamente 2 minutos en registrarlo. Su acompañante registró el momento tomando fotos desde su celular, a lo cual otra oficial de policía le dijo que estaba prohibido tomar fotografías adentro del Metro.
Esa misma acción la repetían con cualquier persona que saliera de esa red de transporte público, en esa estación, a pesar de que no tenían ninguna orden de cateo para hacer ningún tipo de revisión a transeúntes.
“Estas revisiones no sólo son una violación a los derechos humanos, sino un delito de abuso que corresponde al ejercicio indebido de la función pública”, explicó Jesús Robles Maloof.
Esta afirmación también fue respaldada por el diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Rodolfo Ondarza, quien señaló que es una violación flagrante de los derechos humanos que corresponde, en muchas ocasiones, a una criminalización a los jóvenes.
“El hecho de ser joven, que utilice cierta forma de vestir o que esté circulando en algún momento en la vida pública o en lugares como el Metro, aunque en lugares cercanos haya habido un evento masivo, no les da ningún derecho de atacar a los ciudadanos”, demandó el diputado.
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“¿Puedo pasar?”, pregunté a un elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México, quien se encontraba resguardando una de los pocos accesos de entrada a la plancha del Zócalo capitalino, que se encuentra rodeado por una valla de popotillo verde, de aproximadamente un metro y medio de altura.
“No señorita. Si quiere pasar del otro lado tiene que ir a dar la vuelta. Únicamente puede pasar si va a donar algo para los damnificados, lo que sea, pero debe mostrarnos los productos que va a donar”, respondió el oficial.
Le argumenté que quería entrar para preguntar qué era lo que más se necesitaba en este momento, pero obstinado en la negativa me dijo que cualquier cosa era buena, que ahorita estaban recibiendo de todo.
Insistí argumentando que seguramente habían productos básicos con los que no contaban y que era mejor saberlo para donar lo que realmente era necesario. Ante la insistencia accedió a darme el paso, pero le ordenó a uno de sus hombres que me escoltara hasta la carpa principal para que me dieran la información que estaba buscando.
Así lo hizo. El cabo caminó a mis espaldas hasta que llegué a mi destino y pregunté a los responsables de la carpa del DIF (Desarrollo Integral de la Familia), quienes me informaron que la pasta dental y el jabón neutro era lo que más requerían en ese momento.
Cuando obtuve mi respuesta, caminé hacia otro punto de la reja, esta vez, a la salida que se encontraba en la calle 20 de Noviembre, que también era custodiada, pero por elementos de la Policía Federal.
Los adornos de la plancha del Zócalo capitalino ahora son carpas desoladas de las diferentes instituciones federales -como bomberos, Marina, Policía Federal, o DIF- e instituciones locales -DIFDF, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública local- que almacenan alimentos, ropa y cobijas, entre otras cosas.
De vez en cuando uno puede observar que se acerca un ciudadano a dejar una bolsa para los damnificados. Pero hay más presencia de camiones del Ejército y de la Policía Federal, que gente donando: ¿serán las rejas?
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“Si bien es cierto que es muy necesario tener estos centros de abastecimiento porque están sufriendo millones de mexicanos, pues estos centros podrían estar en otros lugares también. El Ejército tiene un montón de lugares donde se podrían montar”, cuestionó el diputado local Rodolfo Ondarza, quien también se preguntó por qué el pasado 2 de octubre cerraron calles principales como 5 de Mayo sin explicación alguna.
“Iba una marcha que tradicionalmente llega al Zócalo y siempre ha sido una marcha pacífica. Tener estas actitudes pues, para algunas dirigencias se trata de una provocación al impedir algo que es tradicional”, continuó el diputado.
Este mismo reclamo también ha hecho eco en las diferentes voces de intelectuales con respecto a la postergación de la Feria Internacional del Libro que también se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México, la cual fue cancelada momentáneamente por el centro de acopio que se mantiene en dicha plaza pública.
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“AVISO: Por eventos al exterior siguen cerradas las estaciones, Balbuena y Blvd. Puerto Aéreo de L1 y Revolución y Zócalo de L2, gracias”, fue el mensaje que dio el Metro de la Ciudad de México a través de su cuenta de twitter el pasado 1 de octubre.
Ese día, la CNTE realizó un bloqueo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para lo cual los maestros llegaron al punto en “operación hormiga”, es decir, en grupos de 5 en 5, a través del Metro de la ciudad.
La estación que más cercana se encuentra al campamento que mantienen los maestros en el Monumento a la Revolución es, en efecto, el Metro Revolución, pero este se encuentra a cinco cuadras.
Así también, las estaciones más cercanas al punto donde realizarían el bloqueo los docentes son Balbuena y Blvd. Puerto Aéreo, que estaban a cinco cuadras.
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“Nosotros nunca hemos impedido el paso de nadie, ni tampoco el derecho al libre tránsito de las personas del Distrito Federal”, señaló un maestro oaxaqueño, de la región de Valles Centrales. “cualquier persona puede pasar caminando cuando hacemos una manifestación, e incluso cuando estábamos acampando en el Zócalo: cualquiera podía pasar caminando”, señaló el maestro, a manera de defender su movimiento.
